TEGUCIGALPA-HONDURAS. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), criticó ayer que siguen los autogobiernos por parte de privados de libertad en las cárceles de Honduras bajo la complicidad de autoridades penitenciarias.
“Tenemos un Estado débil. Lo único que saben es decretar emergencias en todos los campos, pero con pobres resultados”, reprochó.
Ayestas lamentó que la cárceles hondureñas sigan gobernadas por los mismos reclusos. “Se trata del uso de poder de unos contra otros. Ya sean los paisas, los mareros u otras organizaciones criminales ejercen los autogobiernos”, cuestionó.
En ese sentido, señaló que en las cárceles, sean de mínima, media o máxima seguridad, pasa de todo. “Desde tráfico de influencias, trasiego de drogas y armas e incluso dinero”, mencionó.
“Es lamentable porque se retrata la corrupción que se ejerce ahí en los recintos carcelarios. Se compraron terrenos que eran de políticos y construyeron las cárceles denominadas de máxima seguridad. Y en una reyerta entre privados de libertad estaban desarmando casi todo lo que habían construido adentro”, dijo Ayestas.
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Migdonia Ayestas: “El Estado quiere decir que no existe colusión en la administración de nuevas cárceles”
A efecto de eso, expresó que es difícil que el Estado quiera decir que no existe colusión. Y que, probablemente, el dinero que pretendían ingresar los custodios hace unos días al recinto de El Pozo era para pagar a quienes acabarían con la vida de Magdaleno Fúnez.
“Desde hace algunos años autoridades militares se encargan de la seguridad ejerciendo varios anillos en la cárcel de Támara. Sin embargo, siguen produciéndose los hechos violentos en la principal penitenciaría del país”, mencionó.
Del mismo modo, manifestó “¿Cómo es que en estas cárceles siendo un espacio seguro? -porque está la intervención del Estado- siguen ocurriendo muertes. O será que son muertes selectivas para callar a personas que tenían cuadernos que habían escrito (actividades) del narcotráfico en los que hay involucrados políticos”, preguntó.
Para finalizar, indicó que no es posible que envíen reos que ni siquiera están condenados a las llamadas cárceles de máxima seguridad.
