Redacción.- Grupos a favor de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda contra la Ley Migratoria SB1718 de Florida, Estados Unidos, por considerarla inconstitucional y que criminaliza a la comunidad migrante en un estado donde la quinta parte de su población es extranjera.
La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la SB1718 representa «una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado», no solo para los inmigrantes, y es «discriminatoria».
Esta «ley dañina» está diseñada para «infligir crueldad» a la comunidad inmigrante. Es «inconstitucional y socava nuestra democracia», señaló hoy en un comunicado Paul R. Chávez. Él es abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law.
La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley. Esta penaliza el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos sin inspección federal. La querella señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal. Además, que someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como «inspección».
Sobre el caso
El caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody y el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox. Asimismo, para los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida. Esta se interpuso en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.
Las organizaciones denunciantes sostienen además que una serie de secciones de la SB1718 perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias. Asimismo, que «busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas».
Riesgo de arresto
En el documento de 35 páginas, las organizaciones de derechos civiles insisten en que la citada ley «criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de inmigrantes a Florida».
Una categoría que «pone a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados». Esto, por el «delito grave» de transportar a Florida a personas bajo una terminología «vagamente definida».
De manera que, añade la demanda, es posible que «familias no puedan visitarse a través de las fronteras estatales». Asimismo, que «padres que viven cerca de la frontera estatal no puedan llevar a sus hijos a citas médicas o partidos de fútbol», o los compañeros de trabajo no puedan llevarse unos a otros al puesto de trabajo.
«La Sección 10 inflige un daño enorme a la capacidad de las personas para llevar a cabo su vida diaria», alerta la demanda.
Con información de EFE.
