Honduras.- El Tribunal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en audiencia de revisión de medidas, este martes -2 de octubre- libró una orden de captura para el exfuncionario del Banco Nacional de Desarrollo (Banadesa), David Eduardo Ortiz Hawit.
De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, Ortiz es acusado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y fraude en un caso de corrupción en Banadesa.
Asimismo, en un comunicado del PJ se informó que el exfuncionario acusado registra al menos tres semanas sin ir a firmar el libro de asistencias. Fue por esto que el juez ordenó la orden de captura en su contra.
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#TribunalDeSentencia en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en Audiencia de Revisión de Medidas, decretó la rebeldía y se han librado las órdenes de captura para David Eduardo Ortiz Hawit acusado de Violación a los Deberes de los Funcionarios y Fraude en caso Banadesa pic.twitter.com/LkunXRqtp9
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) October 2, 2023
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), David Eduardo Ortiz Hawit junto a otros exfuncionarios de Banadesa fueron acusados en 2022 por actos de corrupción en el «Bono 10 Mil».
Específicamente, a Ortiz lo señalaron por violación a los deberes de los funcionarios y 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude.
La investigación
Las investigaciones del caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas” señalan que el primer medio que se usó para drenar los fondos fue Banadesa, a través del «Bono 10 Mil». Los acusados habrían empleado una empresa de fachada (Servicios e Inversiones AID). Los fondos los destinaron al financiamiento de campañas políticas.
Según la acusación, entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014, los implicados hicieron uso irregular de 11 millones 401 mil 151 lempiras, monto que retiraron mediante 104 débitos.
Por otro lado, detectaron el arrendamiento de vehículos que los acusados -autores y cómplices- realizaron con fondos destinados al «Bono 10 Mil«. Esto bajo el argumento de que asesinaron a un funcionario cuando andaba entregando el referido bono y procedieron a la contratación de vehículos blindados.
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La investigación determinó que el alquiler de los vehículos blindados lo pagó la empresa AID mediante cheques no negociables por un monto de 4 millones 154 mil 20 lempiras. Los automotores los usaron personajes políticos que andaban en campaña política, de acuerdo al ente acusador.
La empresa AID era de fachada y a nombre de la misma también se extendieron cheques por concepto de publicidad y propaganda, según la fiscalía. Aparte se habrían trasladado recursos a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre e incluso para pagar sus tarjetas de crédito.
Para concluir, los implicados extendieron a nombre de AID recursos para pagar gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el pasado el 15 de marzo de 2014, según las acusaciones.
