Redacción. El escándalo por el presunto desvío de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como el «Sedesolazo» ha provocado un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional (CN).
Luego de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) anunciara la destitución de la diputada Isis Cuellar de todos sus cargos partidarios, la bancada del Partido Nacional calificó el pronunciamiento como un intento por “lavarse las manos” frente a un acto de corrupción que involucraría al propio Poder Ejecutivo.
Durante una llamada, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía lanzó duras críticas al comunicado emitido por Libre:
“Son sinvergüenzas, son cínicos y quieren seguir jugando con la inteligencia del pueblo hondureño. Quieren hacerle creer a la gente que son transparentes, pero la verdad es que están embarrados hasta el cuello”, afirmó.
Mejía señaló directamente al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, asegurando que el Ejecutivo no puede desligarse del caso.
“La presidenta también está embarrada de corrupción. Hablan de refundación, pero esto es continuismo del mismo Estado corrupto que criticaron. Hoy les está reventando en la cara y están demostrando que no eran un cambio, sino una copia corregida y aumentada de lo que decían combatir”, denunció.
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Destitución de Isis Cuellar
Libre leyó un pronunciamiento público este viernes 4 de julio en el que informaba sobre la destitución de Cuellar, tras hacerse públicas las acusaciones en su contra por supuestamente haber gestionado fondos asignados a Sedesol para campañas políticas internas.
El documento también pedía la intervención del Ministerio Público y la aplicación de medidas como allanamientos, secuestro de documentos y congelamiento de cuentas.
Pero para el diputado nacionalista Tomás Zambrano, la postura oficialista es una maniobra tardía que no cambia el fondo del problema.
“Este caso demuestra que el fondo departamental fue utilizado por Libre para hacer política. Tienen el mismo modus operandi en los 18 departamentos. Tiraron a la diputada de Copán a los leones, pero todos están implicados”, aseguró.
Zambrano también criticó el uso del fuero legislativo como excusa en este tipo de casos.
“El fuero parlamentario no protege a nadie por malversación de caudales públicos. Ese fuero es únicamente para la actividad legislativa, lo que un diputado firma o dice en el Congreso. Todo lo demás es penalmente sancionable y debe ser investigado”, explicó.
Rendición de cuenta
El legislador agregó que la verdadera rendición de cuentas debe comenzar por derogar el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que da vida al fondo social departamental:
“Estamos de acuerdo en que se derogue ese artículo. Hoy manejan 3,000 millones de lempiras sin ningún mecanismo de auditoría ni transparencia. Queremos que el Tribunal Superior de Cuentas determine si hay responsabilidad civil, administrativa o penal”, dijo.
En paralelo, la diputada Cuellar solicitó un permiso temporal mientras se enfrenta a las investigaciones, pero las críticas desde la oposición no cesan, acusando a Libre de actuar por presión mediática y no por compromiso real con la transparencia.
