Opinión de Félix Ávila: Privación de libertad en el contexto de la pandemia COVID-19

928

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por nuestra ley procesal penal las medidas cautelares tienen por finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Desafortunadamente ello no es así en la realidad, como ya lo adelanté arriba, a partir del año 2013 la prisión preventiva es impuesta por nuestros jueces de manera obligatoria a una gran cantidad de personas procesadas por delitos que van desde homicidios simples y los calificados, robos, delitos de violación, asociación, ilícito, lavado de activos, en otros. Es que, conforme a la reforma en referencia, para que los jueces impongan la prisión preventiva como medida cautelar obligatoria, basta que el fiscal, con la presentación de una mínima actividad probatoria de cargo, acredite los presupuestos de un auto de formal procesamiento, sin siquiera hacer una valoración acerca de los presupuestos legitimadores de una medida en extremo gravosa. En ese sentido, la imposición de la prisión preventiva ya no obedece a razones estrictamente instrumentales como el logro de fines constitucionalmente legítimos como la eficacia del procedimiento, sino a criterios de una política de Estado que busca castigar de manera anticipada a personas aún inocentes, recurriendo a la prisión preventiva para fines estrictamente intimidatorios y de control social.

Como lo expuse en el año 2016 con motivo del intento de reforma a la reforma por parte del Congreso Nacional de la República, es indiscutible que las medidas encaminadas a la restricción de las garantías procesales, son el producto de una suerte de justicia corporativa, instaurada desde hace un tiempo, en donde el ente  acusador  estatal  tiene  la  seguridad  de  que  presentado  un  requerimiento  fiscal  contra  el ciudadano, la prisión preventiva será la única medida cautelar que el juez impondrá, pues éste ya no tiene otra alternativa. En efecto, en 2016 el Congreso Nacional de la Republica, en una suerte de rectificación a la grave transgresión a los Convenios internacionales sobre Derechos Humanos, emitió un decreto de reforma al antes mencionado artículo 184, mediante el cual, si bien no se restablecía la redacción original de la norma, se restauraba la posibilidad de que los jueces impusieran la prisión preventiva de acuerdo con los presupuestos legitimadores que señala la normativa procesal penal y que aconseja la doctrina y la jurisprudencia. No obstante, esta sana iniciativa chocó, como siempre, con la oposición radical de algunos representantes de sectores de la sociedad y de la academia, ven en el Derecho penal únicamente fines meramente retributivos y de control social.  Por estas razones, el Poder Ejecutivo, haciendo uso de la facultad constitucional de no promulgar las leyes, vetó la ley aprobada por el Congreso, por lo que la problemática de la imposición de la prisión preventiva obligatoria hoy en día se ha vuelto una cuestión de extrema preocupación en estos tiempos en los que afrontamos una grave pandemia que amenaza a la población hondureña en general, siendo las personas privadas de libertad de las más vulnerables.

Ante esta crítica situación, según la cual miles de privados de la libertad pueden ser víctimas del contagio del Covid-19, dada la alta tasa de población ubicada en poco espacio, el gobierno de la República debe adoptar las medidas más adecuadas para garantizar la salud y la vida de esas personas que, por alguna u otra razón, se encuentran privadas de libertad. Se sabe que el Gobierno de la República, por medio de las entidades correspondientes, están adoptando medidas adecuadas para evitar el contagio de la población en general, siendo la más eficaz el distanciamiento social, por lo que ha decretado un “estado de excepción” desde hace ya un mes y que seguramente se prolongará.

Ahora bien, esa medida no podrá ser implementada en un centro penitenciario por la propia naturaleza del escaso espacio de las prisiones y las condiciones reales de nuestro sistema penitenciario. La población penitenciaria está compuesta por varias categorías de internos: los condenados y los simplemente procesados en vista de haberles sido impuesta la prisión preventiva, seguro de manera obligatoria por encontrarse sujetos al régimen procesal que aquí analizamos. Esa categoría de los simplemente procesados es la más numerosa de nuestro sistema carcelario. De acuerdo con informes del Instituto Nacional Penitenciario, el porcentaje es muy superior al 50 por ciento, aproximándose al 60 por ciento de la población interna. En ese orden de cuestiones, una alternativa posible para evitar una catástrofe sanitaria en el sistema carcelario nacional pasa por atender las ya dilatadas recomendaciones que le ha formulado a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, desde los informes de la Relatoría Especial sobre privados de libertad, y los informes de país sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en la necesidad de que se adopten las medidas adecuadas, conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos, para que la prisión preventiva no sea impuesta como obligatoria.