Opinión de Félix Ávila: Privación de libertad en el contexto de la pandemia COVID-19

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Privados de libertad en Honduras. Imagen referencial.
Félix Ávila, dotor en Derecho Penal.
Félix Ávila, doctor en Derecho Penal.

La llegada del coronavirus (Covid-19) ha traído alarma y preocupación a nivel mundial. Hasta esta fecha, los datos conocidos en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, acreditados por prestigiosas organizaciones científicas, así como por la Organización Mundial de la Salud (OMS) amenazan llegar en las próximas horas a los dos millones de infectados, y los decesos en casi la totalidad de los países en el mundo superan ya los cien mil. Panorama nada halagador se observa en el continente americano en donde el país que más preocupa es Estados Unidos (USA), en el que el número de contagios ya supera los quinientos mil y el número de los fallecidos supera los veinte mil. En fin, la totalidad de los países de nuestro continente se encuentran gravemente amenazados con la llegada de la pandemia. Honduras no es la excepción. En los últimos días los contagios oficialmente diagnosticados superan los cuatrocientos (400), y los decesos ya son de varias decenas.

La pandemia ha sido recibida con mucha preocupación por las personas privadas de la libertad personal. Los centros penitenciarios, en general los latinoamericanos y en particular los de nuestro país, son lugares en los que, por lo común, impera el hacinamiento y la insalubridad. Muchos países del mundo, temiendo un masivo contagio del Covid-19 en dichos lugares, han adoptado medidas que posibilitan el aislamiento social. Por lo general, la primera medida que se adoptó es la prohibición de las visitas de familiares y demás personas. Claro, ésta no es la mejor y única medida adoptar, pues se traduce al mismo tiempo en una violación a los derechos de los privados de libertad, pues les priva de la visita familiar y de obtener de manera adecuada una efectiva defensa al no ser posible la visita de los abogados. Por eso, algunos países, previendo la concurrencia de amotinamientos, muertes y saqueos, han tomado medidas, sin duda, excepcionales.

El sistema penitenciario hondureño es uno de los complicados de la América Latina. En cuanto al número de personas que se alberga en los distintos centros de detención del país, este supera con creces los veinticuatro mil internos, permaneciendo en total hacinamiento y vulnerabilidad. Se sabe que la sobrepoblación en los centros penitenciarios ha aumentado exponencialmente en los últimos cinco (5) años, llegando a superar el noventa por ciento (90%) de sobrecarga. Sin lugar a duda, el aumento de la población penitenciaria se produjo a consecuencia de las reformas introducidas al Código Procesal Penal en el mes de abril de 2013, especialmente respecto al artículo 184 que estableció la prisión preventiva como la única medida cautelar a imponer para los procesados en una veintena de infracciones penales. Al haber adoptado esa medida legislativa, el Estado de Honduras no solo violentó la Constitución de la República que proclama el derecho a la libertad personal como inviolable, sino, además, sus compromisos en materia de protección de os derechos humanos en el marco la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), entre otros. Como se sabe, en el marco de esos convenios humanitarios, Honduras se comprometió no solo a respetar los derechos consagrados en ellos, sino a garantizarlos mediante la adopción de cualquier medida, positiva ya sea de carácter administrativa, judicial o legislativa.

Con relación a la prisión preventiva, se debe tener en cuenta que es una de las medidas cautelares más gravosas que se concibe por el Derecho procesal penal, por lo que en su adopción se debe extremar el cuidado por parte de los jueces del orden penal. La adopción de la prisión preventiva deberá estar siempre sujeta a una serie de criterios orientadores, a efecto de que dicha medida no sea impuesta por la autoridad judicial con carácter punitivo sino estrictamente instrumental. En ese orden de cuestiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una prolífera doctrina en orden a establecer criterios o estándares estrictamente vinculantes para los Estados parte en la Convención. En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia de la CorteIDH, la adopción de la prisión preventiva como medida cautelar para que sea legítima, no solo debe obedecer al hecho de que una norma secundaria lo disponga como la aplicable al caso concreto, y que sea dispuesta por un órgano competente siguiendo las formalidades legales, sino que debe obedecer a la obtención de fines constitucionalmente legítimos, es decir, asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; que sean necesarias; y que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.