Opinión de Miriam Barahona: La Justicia Electoral en Honduras, una aproximación al proyecto de ley

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Miriam Suyapa Barahona, magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), creado mediante Decreto 200-2018 de fecha 28 de enero de 2019, es el órgano encargado de administrar la justicia electoral en el país, constituyendo éste a una garantía efectiva para que la resolución de conflictos electorales sea creíble. Actualmente el TJE, a petición de parte, revisa las decisiones, acuerdos o resoluciones que a criterio del recurrente vulneran los derechos políticos electorales, constituyéndose, así como un pilar importante para la democracia, que promueve una sucesión del poder de forma ordenada y pacífica, por consiguiente, un seguro para la estabilidad política del país y la paz social.

El TJE, no cuenta con una normativa procedimental propia, hace uso de normas supletorias como la Ley de Procedimiento Administrativo, Código Procesal Civil, entre otras y su actual marco legal es el Decreto 71-2019 vigente desde el 20 de agosto de 2019, que se convierte en su ley temporal con competencias limitadas, sin embargo, existe un proyecto de Ley Procesal del TJE, elaborado conjuntamente entre las autoridades del TJE y la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, que contempla procesos claros, simples, garantistas y precisos.

En el presente artículo realizaré un esbozo general del contenido del proyecto de ley que de aprobarse constituiría la normativa de rito electoral, éste se encuentra dividido en dos partes: La primera, determina la organización del TJE, su naturaleza, las atribuciones administrativas y jurisdiccionales; La segunda, desarrolla los medios de impugnación o recursos que la parte agraviada tiene a su disposición para la protección o restitución de sus derechos políticos electorales.

El TJE, tiene naturaleza constitucional, es un órgano jurisdiccional independiente no solo del Poder Judicial sino de cualquier otro Poder del Estado y ejerce su administración en forma autónoma, constituye una segunda instancia en los asuntos concernientes a la materia electoral, tiene su sede en el Municipio del Distrito Central, con plena jurisdicción y competencia en toda la República, contra sus sentencias no cabe recurso alguno sin perjuicio, de lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Electoral. Los principios que rigen el actuar del TJE, son la interpretación pro homine, independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, equidad, objetividad y máxima publicidad.

En el proyecto, para hacer efectiva la garantía de imparcialidad se establece el procedimiento de excusas y de recusaciones. La recusación se formulará por escrito y se resolverán en el término de veinticuatro horas de plano, sin ulterior procedimiento y sobre la resolución, no cabrá recurso alguno. Se contemplan entre algunas causales, las siguientes: a) Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con alguno de los interesados o sus representantes; b) Tener amistad que comprometa la objetividad, independencia o imparcialidad; c) Enemistad manifiesta con alguno de los interesados o sus representantes; d) Tener interés personal en el asunto o en otro similar, cuya resolución pudiera  influir en la de aquel, o cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; e) Tener juicio pendiente en contra de alguno de los interesados o sus representantes. No constituyendo una lista de numerus clausus, debido a que pueden alegarse otras por analogía.

Se garantiza la independencia y estabilidad de los magistrados, al no poder ser removidos ni suspendidos de su cargo, salvo por causas graves estipuladas en la Constitución y la ley.

Define la participación de los magistrados suplentes, se fija el deber de reserva sobre los asuntos y expedientes que trámite el Tribunal, y la facultad de las unidades de control interno y auditoría para fiscalizar la gestión administrativa del TJE.

Para sesionar válidamente, el pleno requiere la presencia de por lo menos dos (2) de sus integrantes propietarios y un (1) suplente.

Se introducen las figuras de: aceptación tácita y negativa ficta. La aceptación tácita, incorpora el principio de preclusión del derecho a cuestionar la elegibilidad de candidatos una vez transcurrido el plazo de cuatro días posteriores al otorgamiento del registro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).  La negativa ficta, procede cuando el órgano competente no emite resolución o no resuelve en el término legalmente establecido, en cuyo caso vencido el mismo, podrá interponer el recurso procedente en el término de cinco (5) días hábiles, acompañando el escrito de la petición que se presentó y contenga el recibido por parte del órgano competente.