¿Cómo creerle al Estado y a la empresa privada? Me refiero a que con la pérdida del Estado de Derecho y la falta de institucionalidad (más la complicidad de la empresa privada, quizás no toda pero sí de un 90 %), es lógico pensar que la ciudadanía está escéptica de creer que algo bueno se logrará del decreto que autoriza a las farmacéuticas comercializar las vacunas contra el nuevo coronavirus, es por ello que es importante señalar que nuestro texto constitucional dice en el Artículo 145: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad”.
Y aquí es urgente hacer una aclaración. Si bien la Constitución establece que es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, también es cierto que el gobierno regula, supervisa y controla, por medio de la Secretaría de Salud, los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos, además de supervisar todas las actividades privadas de salud conforme a la ley.
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Esta redacción permite una colaboración, en este caso de la empresa privada, sin embargo, la preocupación como ciudadana y de muchos sectores, radica en el trasfondo que pudiera existir ante la incapacidad manifiesta de la actual administración gubernamental en el manejo de la pandemia, porque si no lo hicieron con las latas móviles y el IHSS, ¿qué garantiza que habrá transparencia en el proceso de compra de las vacunas?
Muy oportuna la incapacidad de este gobierno y muy conveniente el proyecto decreto que alude a la necesidad de que participen todas las instituciones públicas y privadas en un esfuerzo nacional de adquisición y aplicación de la vacuna contra la Covid-19.
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Los dos puntos fundamentales que motivan el decreto, que fue aprobado sin tener en cuenta aspectos que debemos señalar más adelante, son: 1.- Autorizar a la empresa privada para que adquiera en los mercados internacionales la referida vacuna, con el único propósito de su aplicación voluntaria de los trabajadores y 2.- Autorizar a la industria farmacéutica la contratación y adquisición de la vacuna con fines comerciales, es decir podrán vender la vacuna al público en general.
La gran empresa tiene luz verde para la adquisición y comercialización de las vacunas, y según como reza el dictamen del proyecto decreto suponen «la oportunidad de ampliar el ritmo de la vacunación a fin de cumplir con más prontitud los objetivos nacionales de inmunización”, lo cual me parece un insulto a nuestra inteligencia pues no han podido ni cumplir con las latas móviles, asimismo el supuesto “alivio financiero considerable para el Estado de Honduras, puesto que podrá concentrarse en la vacunación gratuita y universal enfocada a los sectores sociales vulnerables y desposeídos”.
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¿Es en serio? Este gobierno nunca se ha preocupado por esa gran mayoría y no es de números ni de ciencia, solo es de mirar al norte del país y ver cuántos hondureños se van en caravanas, solo es de ver los efectos de los huracanes y aún hoy no se ha podido solventar a las familias damnificadas por esos huracanes y qué decir de un plan para los bordos ante la llegada de la temporada de lluvias, donde se avecinan nuevamente huracanes en un nuevo año en que tendremos el fenómeno de «La Niña». O basta ver al sur del país donde la mayoría de zonas están en calamidad alimenticia junto a las mansiones del Club de Coyolito.
Cómo creerles cuando estamos en el 2021 y seguimos con índices elevados de pobreza, falta de oportunidades para todos y lo que es peor: un pueblo vacunado, pero de ignorancia, desesperanza y depresión. Como ciudadana y cumpliendo el texto constitucional claro que debemos involucrarnos todos, participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, pero también es nuestra obligación respetar y proteger la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, por eso no podemos avalar tal comercialización de la vacuna. La vacuna debe ser adquirida por el gobierno tal como lo expresó la junta directiva del Colegio Médico y debe ser aplicada de forma gratuita a toda la ciudadanía, en Honduras no hay clases privilegiadas y si bien es cierto se puede colaborar con la salud también en cierto que no debemos permitir privatizar la misma.
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Ya está comprobado el manejo inadecuado de los fondos nacionales, no se puede permitir la privatización de la salud, esto solo aumentará la injusticia social y la muerte de hondureños. Nuestro país requiere un sistema de salud más solidario, equitativo, eficiente y satisfactorio, es un derecho constitucional del ciudadano y un derecho humano y es responsabilidad del Estado promoverla a toda costa y cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenible.
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