Opinión de Carlos Fúnez Aguilar: Planes de Gobierno y sus procedimientos

1100
Casa Presidencial de Honduras

Por Carlos Fúnez Aguilar. -Todo ciudadano que abraza la gran responsabilidad de gobernar su país y que ha sido electo democráticamente por el pueblo debe entender y aceptar que él no es más que un alto empleado de la comunidad y que como tal únicamente debe respeto, obediencia y lealtad a quién lo eligió que es el soberano.

Y sólo cuando todos los gobernantes de Honduras y del mundo entiendan y asimilen estos principios y mandatos es que podremos decir que las cosas comienzan a cambiar en nuestro país y que sólo siguiendo por ese camino correcto lograremos algún día no muy lejano borrar nuestro histórico y sombrío pasado por un futuro más prometedor y lleno de luz, fe y esperanza para todos los hondureños.

Hay muchas cosas que tenemos que entender, que nadie sobre la faz de la tierra es absolutamente independiente y soberano para creer que tiene el derecho de hacer lo que le venga en gana a su manera y capricho.

El pueblo es el único jefe que tienen los gobernantes en todo y cada cosa que les atañe dentro de sus funciones como tales y que ellos como mandatarios del pueblo son los responsables directos de todas las cosas buenas o malas que se presenten en su gobierno.

En el desafortunado caso que un presidente no acepte todos los preceptos legales y constitucionales establecidos y vigentes por compromiso legal, ético y moral debe renunciar al cargo que el pueblo le confío.

Todo mandatario de un país antes de iniciar su gestión constitucional debe conocer obligatoriamente cuáles son realmente las mayores y más urgentes necesidades y problemas que aquejan a todo el conglomerado nacional y llegar más al detalle formulando un orden secuencial de las prioridades de las principales necesidades básicas basadas en tres ejes referenciales: salud, educación y seguridad.

Bajo cuyo patrón se formularán todos los planes y presupuestos de la nación, aunque en Honduras que ya los carros han chocados con los aviones, ya nada nos asombra. Nosotros ya tuvimos un flamante presidente que se saltó la barda cómo potro desenfrenado y trabajó con el mismo presupuesto del año anterior ¡vaya barbaridad! ¡vaya insensatez! de este caballero ciudadano como si las necesidades del pueblo y su costo para solucionarlas fueran una simple proporción aritmética o una constante matemática.

Cabe señalar que esta es una clara violación a la Constitución de la República y al estado de derecho, además de ser un abuso y falta de respeto hacia todos nosotros como sus gobernados.

Son estas las “cositas” que tenemos que cambiar por el bien de todos nosotros. Cabe manifestar que las necesidades del pueblo no solamente pasan por los tres ejes que mencioné anteriormente de salud, educación y seguridad sino que existe un contenido más amplio de algunos otros derechos específicos del pueblo como es el derecho a la seguridad, pero no sólo en lo referente a la seguridad física corporal del individuo sino a su seguridad jurídica, económica y alimentaria del ciudadano y de todos los hogares y familias hondureñas que conforman todo nuestro conglomerado nacional.

La seguridad jurídica es la que nos debe garantizar a todos los hondureños que contamos con una segura e incondicional protección de parte de las autoridades en turno independientemente de la raza, color, religión o partido político de nuestra preferencia y aun no teniendo partido que siempre se nos respetarán legalmente todos nuestros derechos ciudadanos sin ningún tipo de restricciones o preferencias más que los que mandan la ley y la justicia social.

El derecho a la seguridad económica no significa de ninguna manera que los gobiernos de nuestro país están obligados a arreglar a regalarle dinero a la ciudadanía para sus gastos personales y corrientes al menos que se trate de becarios, pensionados y jubilados. La función obligatoria del gobierno se concreta a crear fuentes de trabajo y empleos justamente remunerados en función del esfuerzo que cada empleo demandé.

La creación de empleo es parte de los planes de inversión tanto nacionales como internacionales y al mismo tiempo garantizar al inversionista todas las facilidades necesarias para posicionarlo como un empresario más en el país no poniéndole exigencias innecesarias y requisitos onerosos que no hacen ninguna función positiva, sino que alejan la inversión.