Ante las redes de trata de personas transnacionales que se fortalecen con la migración y se expanden hasta el mundo digital, Honduras cuenta con unidades débiles sin presupuesto, herramientas investigativas ni personal calificado para perseguir el delito, según expertos.
En el 2012, el Congreso Nacional aprobó el decreto Legislativo 59-2012 que contiene la creación de la Ley Contra la Trata de Personas, con el que le dieron a los órganos de justicia las herramientas para judicializar a las personas que cometieran el delito.
El decreto también dio paso a la creación de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesct), un ente enfocado en el delito.
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De acuerdo con la portavoz del Ministerio Público (MP) Julissa Gómez, en lo que va de este 2024, la Unidad contra la Trata, Explotación sexual y comercial ha acusado a 50 personas involucradas en el intercambio de personas.
Expuso que los requerimientos por explotación sexual y tráfico ilícito de personas los han presentado en La Ceiba, Atlántida, Cortés y Francisco Morazán. Lugares donde se ha reportado la mayor incidencia de víctimas rescatadas en los últimos años.
Gómez amplió que la Unidad ha logrado las sentencias condenatorias para 35 personas con penas que oscilan entre los 11 y 68 años de prisión. Mientras que afirmó que este 2024 las denuncias por trata de personas han tenido una importante disminución.
«La Unidad recibe información a nivel nacional e internacional de personas que están difundiendo material pornográfico y de personas desaparecidas que pueden estar siendo víctimas de trata», cerró.
Fortalecimiento
Sobre el tema, la exfiscal de la Niñez, Nora Urbina, dijo que desde la aprobación de la Ley Contra la Trata, se crearon unidades especializadas en el Ministerio Público con fiscales asignados, dentro de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero no han sido fortalecidas.
«El problema es que estas unidades no han sido fortalecidas, tienen poco personal y poco apoyo logístico. Deberían estar a nivel nacional, pero solo tienen una cobertura limitada, de alguna manera ha obstaculizado una lucha efectiva», afirmó.
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Urbina señaló que falta de capacidades ha evitado que se realicen investigaciones profundas sobre la problemática, pero que sin voluntad política no habrá cambios significativos en las unidades.
«Tiene que haber voluntad política del gobierno y tener cero tolerancia con el delito. Así como el fortalecimiento de las unidades investigativas y una mayor cantidad de personal para enfrentar la trata de personas», cerró.
Débil rotación
A criterio de Ligia Mencía, gerente de proyectos de Save the Children, la rotación de los operadores de justicia capacitados en la trata de personas ha debilitado las acciones contra el crimen organizado.
«En todos estos años de trabajo lo que hemos observado es que no hay una permanencia del personal que asume estas responsabilidades que van desde la investigación y requieren un alto profesionalismo y entender el delito de la trata de personas con ese enfoque internacional», dijo.
Agregó «el tener muy poca permanencia de la persona que se ha capacitado ha hecho que los esfuerzos que hacemos desde Sociedad Civil queden incompletos. Cada 4 años hay cambio de autoridades y de especialistas que se capacitan para atender este delito».
Mencía señaló que los recursos que se invierten para fortalecer capacidades debe tener continuidad.
«No todo el personal que se involucra para combatir el delito tiene el mismo compromiso. Es una situación muy crítica que corresponde a que quienes contratan deben investigar y verificar que las personas no estén coludidas con el crimen organizado», concluyó.
Depuración
Por su parte, el diputado Jari Dixon, es del criterio que al tratarse del crimen organizado que involucra diferentes sectores, entre ellos operadores de justicia, debe existir una depuración dentro de las instituciones.
«Este delito es parte de ese conjunto del crimen organizado, son estructura bastante fuerte. Cuentan con mucho recurso económico y se han impregnado en las instituciones. Tienen contactos en el MP, en el Poder Judicial, operan como el narcotráfico», aseveró.
El congresista planteó que se debe mejorar el sistema de justicia en todas sus dependencias para evitar que se obstruya la investigación de la trata de personas.
«Se debe mejorar el sistema de justicia. Necesitamos depuraciones en el MP, Corte Suprema de Justica (CSJ), en la Secretaría de Seguridad y donde halla un funcionario judicial», expresó.
Finalmente, afirmó que la trata de personas no es una problemática solo de Honduras. Por eso se debe articular esfuerzos con distintos países para que desaparezca con el tiempo.
Ante el “monstruo” de la trata de personas que crece a diario, la debilidad del sistema deja indefenso a niños y niñas hondureñas.