TEGUCIGALPA, Honduras. – Las autoridades del Ministerio Público dieron a conocer los primeros resultados de la Operación Tormenta de Fuego IX que los órganos de seguridad del Estado realizan este viernes en todo el territorio nacional.

El portavoz del ente estatal, Yuri Mora, reveló las cifras del primer reporte. «A nivel nacional se reportan al menos de 90 detenidos por diferentes delitos. Sobresalen personas acusadas de cometer asociación ilícita, drogas y armas de fuego», señaló el funcionario.

Del mismo modo, el vocero apuntó que la Fiscalía está realizando un secuestro de documentación en algunas oficinas municipales. Esto luego de haber recibido diversas denuncias por actos de corrupción, sobre todo en la región del litoral atlántico.

«La Fiscalía Especial contra la Corrupción está haciendo secuestro de documentos en la alcaldía de Tela. Hay denuncias de actos de corrupción que fueron interpuestas ante el Ministerio Público», aseveró.

Además, indicó que la Fiscalía del Consumidor y la Secretaría de Salud está realizando inspecciones en centros escolares. Específicamente, se realizan operaciones en la ciudad de La Ceiba para verificar si los establecimientos reúnen los requisitos para vender productos.

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Combate frontal al crimen

Desde tempranas horas, el Ministerio Público y la Unidad de Operaciones Especiales lanzó la Operación Tormenta de Fuego IX en varias ciudades del país. Con esto se pretende ejecutar más de 25 allanamientos en un combate frontal a las maras y pandillas.

De igual modo, las autoridades buscan a personas que tienen pendiente órdenes de captura. Sobre todo a individuos vinculados con delitos de narcomenudeo, tráfico de armas y drogas.

Asimismo, la Fiscalía de Derechos Humanos presenta seis requerimientos fiscales contra policías preventivos, municipales y penitenciarios. Particularmente por los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios.

A su vez se realizan inspecciones en clínicas privadas, postas policiales, centros penales y asilos de ancianos. Los fiscales determinarán el trato que reciben los ciudadanos y la aplicación del descuento a la tercera edad.

Por su parte, la Fiscalía del Medio Ambiente hará inspecciones para determinar si hay extracción ilegal de oro. Mientras que se ejecutan controles en carreteras para detectar delitos forestales y venta ilegal de fauna.