TEGUCIGALPA, HONDURAS. Al menos 419 detenciones dejo la «Operación Omega» ejecutada por el Ministerio Público (MP) durante el jueves en toda Honduras.
De acuerdo a los datos compartidos, se interpusieron 60 requerimientos fiscales, 25 acusaciones, 305 inspecciones y 25 secuestros de documentos en varias instituciones estatales.
En el operativo se decomisaron 1.3 millones de lempiras y 10,300 dólares. Entre los hechos más importantes, se encuentra que la Fiscalía Especial para la Transparencia el Combate Contra la Corrupción Pública ejecutó una serie de diligencias investigativas.
Las investigaciones se realizaron en las municipalidades de San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Omoa en Cortés y Macuelizo, Santa Bárbara. Ahí verificaron presuntos delitos en perjuicio del erario público por el otorgamiento de permisos y contratos.
Además, los agentes buscaron en la jefatura policial de la colonia Kennedy un caso de allanamiento, robo con violencia o intimidación agravado. Así como indagaron en la detención ilegal de libertad por parte de funcionarios públicos.
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Servidores públicos
Por su parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia interpuso un requerimiento fiscal en contra de German Othoniel Turcios Escobar. El ciudadano funge como secretario adjunto del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.
Al abogado se le acusa de falsificar documentos públicos para supuestamente favorecer irregularmente a una demandada con un desembargo de salario.
Asimismo, los fiscales anticorrupción también presentaron acusaciones por supuestas irregularidades de empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) de Tegucigalpa. En este caso se decomisó documentos en la oficina regional en San Francisco, Atlántida.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) desarrolló, durante la «Operación Omega», diligencias investigativas en diferentes instituciones del Estado. El objetivo principal era recopilar información sobre el Proyecto COPECO-Mitigar que se desarrolló entre 2011-2015.
Derechos Humanos y patrimonio cultural
Durante la operación, la Fiscalía de Derechos Humanos realizó la inspección de los albergues ubicados en la Villa Olímpica en Tegucigalpa. En este sitio aún se encuentran 18 personas damnificadas, incluyendo 9 niños.
Mientras que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural ejecutará acciones penales por el delito de abuso de autoridad contra funcionarios del Registro de la Propiedad (IP) de La Ceiba, Atlántida.
Además actuarán por los delitos de incendio y daños al medio ambiente en el municipio de Jutiapa, Atlántida, por afectaciones causadas a comunidades garífunas.
También se interpuso una acusación por el delito de usurpación en perjuicio de la tribu Tolupán Agua Caliente de Reinada de Yoro y se efectuaron 30 inspecciones. Siete de estas en el municipio de Copán Ruinas, relacionadas a daños al patrimonio cultural.
Por otro lado se continuó las diligencias in situ sobre el asesinato del dirigente indígena lenca de La Paz, Félix Vásquez López, en coordinación con la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.
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