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jueves, abril 25, 2024

Operación Júpiter II: requerimiento para jueces; allanan Departamental de La Ceiba

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Honduras. En todos los departamentos del país, se ejecutó al “Operación Júpiter II” por orden del Ministerio Público (MP) a petición de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Esta vez, no se han concentrado solamente en el narcomenudeo y medio ambiente. También lo hacen en entidades del estado.

De tal forma, que los apartamentos de una institución del Estado (sin decir cuál) serán inspeccionados. Por otra parte, se asegurarán dos villas vinculadas al caso «Pandora».

La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia realizará acciones en varios despachos judiciales de Occidente.

Cabe mencionar, que presentaron un requerimiento fiscal contra jueces y exjueces por delitos relacionados a abuso de autoridad, cohecho y falsificación de documentos públicos.

Secuestro de documentos en Departamental 

En el informe dado por el MP, especifican que la Fiscalía Especial Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública secuestran documentos en la Dirección Departamental de Educación de La Ceiba, Atlántida.

Lo anterior, lo realizan con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), quienes «indagan posibles delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios».

Es preciso indicar que hay señalamientos por el otorgamiento de plazas a docentes sin cumplir los requisitos de Ley.

Sistema de Salud

La Operación Júpiter II  llega a Puerto Cortés e investigan el vencimiento de un gran lote de medicamentos (en 2018 y 2019). Esto sucede en el centro de salud Cornelio Moncada.

Por otro lado, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilegal de Personas con apoyo de Fiscales de la Niñez, efectuará operativos en varios ejes carreteros del país para evitar el tráfico ilegal de personas.

Mientras que la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor hará diligencias en centros educativos y revisarán los permisos de operación de esas instituciones. Corroborarán si el personal docente cuenta con la certificación adecuada para impartir las clases, informa el MP.

 

 

 

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