Redacción. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Estado de Honduras a asegurar las medidas que se han adoptado para luchar y contrarrestar el crimen organizado, entre ellas las establecidas en el Plan Nacional Solución Contra el Crimen, aprobado en 2023.
De acuerdo con el ente extranjero, las medidas que se apliquen en medio de estas acciones en contra de la criminalidad, deben de cumplir los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de su último informe y publicado tras el tercer examen periódico de Honduras, el comité de la ONU mostró su preocupación por las medidas incluidas en este plan. Entre ellas, incluir la calificación de «terroristas» a miembros de maras, pandillas y bandas del crimen organizado.
De la misma manera, mencionaron la prisión preventiva para personas de manera sistemática y además el hecho del juicio colectivo de los crímenes, entre otras.
En este sentido, urgió al Estado de Honduras a asegurar que «toda medida adoptada en la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel legislativo, institucional y operativo, se ajuste a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
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Combatir el reclutamiento
Por otro lado, el comité de la ONU pidió a Honduras incrementar los esfuerzos para combatir y evitar el reclutamiento de niños por maras o pandillas. Es por ello que sugirió aplicar estrategias de sensibilización, prevención y respuesta temprana.
De la misma manera, sugieren fortalecer los entornos protectores a nivel de la familia, centros educativos y comunidad en general. Al igual que, proteger a los menores que rechazan ser parte de estas estructuras criminales.
De igual forma, el ente manifestó su preocupación por la prórroga sistemática del estado de excepción en Honduras desde diciembre del 2022. Dicha medida se instauró bajo el argumento de la perturbación de la paz y seguridad ocasionada por los grupos criminales organizados.
En este contexto, informaron que como comité han recibido datos sobre violación a los derechos humanos cometidos en medio del estado de excepción. Entre éstas figuran desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos o detenciones ilegales.
Por tal razón, solicitaron a las autoridades hondureñas a investigar todas estas denuncias. Además, pidieron que garanticen cualquier medida que se aplique en estado de excepción, sea necesaria, proporcional, temporal y sujeta a revisión judicial.
Situación en las cárceles
El informe del comité de la ONU también mencionó la situación que se vive en las cárceles de Honduras, destacando el proceso de militarización y que la Policía Militar tomara el mando de los recintos. Este proceso inició desde junio del 2023, tras la muerte de 46 reclusas en una reyerta.
El ente toma nota del inicio de la intervención del sistema penal, pero lamentan que todavía no haya finalizado. Preocupan las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad, debido a los actos de violencia contra reclusos reportados.
De la misma manera, alertaron sobre la situación de otros grupos vulnerables en el país, tales como la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrohondureños y los migrantes. Ellos -aseguran- «carecen de garantías constitucionales y legislativas de igualdad y no discriminación».
