REDACCIÓN. El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha expulsado a 231 nicaragüenses y ha negado el ingreso al país a otros 56, incluido 8 niños en lo que va de 2023.
Esto, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central divulgado el pasado sábado.
«Entre los casos de deportaciones de nacionales, además de las 222 personas expulsadas el 9 de febrero se han documentado casos familiares de personas consideradas de oposición y personas que tuvieron alguna participación en los eventos de 2018», indicó ese organismo.
Además de los 231 nacionales que han sido expulsados de Nicaragua, la Oacnudh ha documentado la deportación de 25 extranjeros. Asimismo, cinco casos de prohibición de salida del país. De igual manera, 56 nicaragüenses a los que se ha prohibido su ingreso a Nicaragua, incluido 8 menores.
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«La Oacnudh ha documentado patrones sistemáticos de violaciones, por parte del Estado de Nicaragua, en particular al derecho a la libertad de circulación, a la elección libre de la residencia en el territorio, y a salir y a regresar al país, tanto de nacionales como de extranjeros a quienes el gobierno considera como voces disidentes», expuso.
Derecho a la reunificación familiar y de los niños
Esos patrones «se han acentuado en 2023», advirtió la Oacnudh. Además, mencionó entre las acciones del Estado la prohibición de ingreso al país de sus nacionales. También, la denegación de la expedición de pasaportes nuevos y su renovación dentro y fuera del país.
La deportación de nacionales y extranjeros a otros países sin el debido proceso administrativo. Tampoco, con posibilidad de interponer recursos.
Asimismo, la negativa a otorgar permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado.
«La desnacionalización, deportación y pérdida de los derechos civiles y políticos a perpetuidad de 316 personas en febrero de 2023, así como la prohibición de ingreso al país de nicaragüenses que han salido al extranjero por diversos motivos. También, ha traído consigo violaciones a los derechos de libertad de circulación de sus familiares, a la reunificación familiar y a los derechos de los niños, entre otros», denunció la Oacnudh.
En relación con los derechos de los niños, la Oficina documentó violaciones sobre el derecho de preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas.
Alerta sobre vulnerabilidad
Por otro lado, la Oacnudh dijo que ha observado en muchos de los casos de deportación y prohibición de ingreso presentan vulnerabilidad.
«A esto se le suma, la dificultad de contar con una posibilidad de definir una situación migratoria de manera expedita y el desconocimiento del idioma», puntualizó.
La Oacnudh indicó que dentro de los casos de prohibición de ingreso a Nicaragua de nacionales se encuentran familiares de las 316 personas deportadas. Así mismo, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y pastores, activistas políticos y líderes estudiantiles. (EFE)