Redacción. Momentos de tensión se vivieron en Catacamas, Olancho, luego de que un grupo de agentes policiales y varios hombres armados, varios pertenecientes a una misma familia, se enfrascaron en una discusión que involucró un disparo al aire y una confrontación verbal entre ambos bandos.
La Policía realizaba un operativo cuando encontró a los hombres. Les pidieron que entregaran sus armas. Tras minutos de palabras y amenazas de ambos lados, los agentes decomisaron un arsenal a las personas armadas.
Por su parte, indignados y consternados, miembros de la familia Oseguera Amador denunciaron un abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional.
El apoderado legal de esta familia, Harvey Cruz, reveló los detalles sobre el presunto actuar de la Policía. Según su relato, los agentes le decomisaron varias armas de fuego que están legalmente inscritas.
«La familia Amador se encontraba realizándole una misa a uno de sus parientes, cuando de repente llegó la Policía Nacional a realizar una incautación contra ellos», dijo el apoderado legal para HCH.
En el allanamientos, Cruz reveló que un jefe de policía llamado Cristian Nolasco solicitó a la familia entregar las armas que portaban. En ese momento, los agentes policiales verificaron que las armas estaban legalmente inscritas.
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Sin embargo, después de verificar las armas, según el relato, los agentes policiales no las quisieron devolver, generando un disturbio. «Al ver que la familia solicitó la devolvieron de las armas, un agente policial sacó su arma y comenzó a disparar al cielo», agregó Harvey.
De acuerdo con el abogado, esto fue tomado por la familia Oseguera como un acto de amenaza, ya que el disparo pudo herir o afectar a cualquiera de los presentes.
¿Abuso de las autoridades?
Los miembros de la familia sostienen que los oficiales, además del maltrato, no presentaron ninguna documentación para decomisar las armas ni una explicación válida sobre el allanamiento.
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Además, los olanchanos aseguran haber recibido tratos humillantes y una agresiva intimidación por parte de los agentes. El abogado de la familia declaró que los hechos constituyen una violación a los derechos humanos y al derecho a la posesión de armas.
El incidente ya ha sido reportado a las autoridades correspondientes y se espera que se abra una investigación interna para determinar si hubo abuso de poder por parte de los agentes involucrados.
Mientras tanto, los afectados han expresado su preocupación por la posibilidad de que este tipo de situaciones se repitan. Además, hacen un llamado a la justicia para que se esclarezca lo sucedido y se tomen las medidas necesarias.
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