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miércoles, julio 17, 2024

Odiseo IX: le caen a bienes de ex subcomisinado policial y su esposa

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TEGUCIGALPA,HONDURAS. Este día inició, desde las primeras horas, la operación “Odiseo IX”, para ejecutar la privación definitiva de multimillonarios bienes de un exjerarca policial e investigar actos de  corrupción gubernamentales en consultorías y organizaciones no gubernamentales (ONG).

En estos momentos, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) solicitó la privación absoluta de los bienes del ex subcomisionado José Orlando Leiva Natarén, así como de su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz, a quienes se les acusó en mayo de 2018 del delito de lavado de activos.

De acuerdo con la decisión de los juzgados de la República, la privación de dominio será de: dos sociedades mercantiles, cinco bienes inmuebles, ocho vehículos, 31 cuentas bancarias, bienes combustibles por la cantidad de L. 2 millones 68 mil 475 y dinero en efectivo que asciende a L. 168 mil 839.

De esta manera se determinó que Natarén, depurado en 2016 y contra quien existe una orden de captura con alerta roja internacional, en un período comprendido entre 2006 y 2017 presentó un comportamiento monetario atípico, llegando a mover en el sistema financiero alrededor de L. 913 millones.

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Corrupción en consultorías y ONG

Asimismo, un comunicado del Ministerio Público (MP), respaldó la operacion Odiseo IX que se ejecuta en todo el país. De esta forma, se espera órdenes de capturas, allanamientos e inspecciones por diversos delitos que afectan a la ciudadanía.

Según, Jorge Galindo vocero de ATIC se investigan actos de corrupción cometidos en el segundo semestre de gobierno del año 2009 en la Secretaría de Gobernación y Justicia. También por la simulación y pago de contratos de consultorías y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Es importante destacar que los agentes realizaran el secuestro de documentos en oficinas y archivos de esa cartera ministerial; con el fin de documentar drenajes de recursos o contratos al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales de Presupuesto.

«Se documentara el caso y sus lineas de investigación para determinar si las denuncias tienen validez»,concluyo Galindo.

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