TEGUCIGALPA, HONDURAS. El jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, confirmó esta mañana que la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, sí devengó en el periodo 2010-2014 un sueldo de 80 mil lempiras.
“La señora Rosa Elena de Lobo cotizó durante todo el periodo de gobierno (2010-2014). Eso lo hacía por un sueldo que devengaba de 80 mil lempiras”, reveló Fernández.
Cabe indicar que dichas declaraciones el abogado las brindó a través del foro Frente a Frente de Televicentro. Asimismo, aseguró que la Corte de Apelaciones emitió una resolución con intenciones dolosas para beneficiar a la señora Rosa Elena.
En ese sentido, el togado consideró que por esa decisión el Juzgado Anticorrupción ya no tiene razón de ser. “La decisión tomada conlleva a que exista la probabilidad de que ese juzgado ya no tenga una razón de ser”, remarcó.
De igual forma, aseveró que los argumentos utilizados por dicha dependencia judicial no son correctos. Eso porque los magistrados que resolvieron se alejaron de la normativa interna del país.
A efecto de eso subrayó que los argumentos de la Corte de Apelaciones no son veraces. “Solo quitaron la piedra ya que sostenía el dique”, apuntó.
Asimismo, el compareciente dijo que Rosa Elena de Lobo no tuvo dos defensores, sino 5. “De ese número de abogados solo que tres de ellos son tomadores de decisiones”, ironizó Fernández.
“Cuando Rosa Elena entregaba zapatos a niños, no lo hacía como persona natural, lo hacía como primera dama”, prosiguió expresando.
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Odir Fernández: “Rosa Elena sí fue funcionaria pública”
Fernández, en su intervención, citó los preceptos jurídicos establecidos en la Convención Anticorrupción de la ONU.
Explicó que dicha norma establece el concepto de quién es un funcionario público. A efecto de eso, funcionario público es toda persona que ocupe un cargo remunerado u honorario, señala la ONU.
“Rosa Elena se reunía con otras organizaciones como primera dama para proyectos sociales. La Corte dice que las convenciones internacionales no valen porque el Código Penal no dice que ella sea funcionaria pública. ¿Será que yo como persona X de la sociedad puedo cotizar al INJUPEMP?”, interrogó Fernández.
“Que nos diga la Corte de Apelaciones qué doctrina utilizó, porque entonces nosotros no sabemos nada de derecho. Tenemos que volver a la Facultad de Derecho”, criticó.
Fernández expresó: “La Corte de Apelaciones dijo: vamos a recalificar (los delitos) y no le pidieron eso. La defensa pidió sobreseimiento”, apuntó. El entrevistado sostuvo que por esa recalificación, el CNA dice que es un vidente delito de prevaricato.
Julio Ramírez: “Tribunal Anticorrupción es totalmente competente”
“La jugada era quitar el delito de lavado de activos. Ese es el ilícito por el cual ella está privada de libertad”, dijo Fernández.
En respuesta a eso, Julio Ramírez, apoderado legal de Rosa Elena intervino a través de una llamada telefónica. Allí, el togado, dejó claro que se debe entender el Tribunal Anticorrupción es totalmente competente y capaz.
“Si no se solicitó recalificación, es porque no se requiere. Este tribunal no ha actuado bajo ningún tipo de injerencia y estarlo diciendo es algo peligroso”, aseguró Ramírez.
A eso, contestó Fernández: “Estos jueces la certificación la toman como un cartón más. No como personas que deben aplicar el derecho”.
“La Corte de Apelaciones se pronunció en el desaseguramiento de los bienes, pero la defensa no lo pidió. La defensa confirma que se cambiaron 45 cheques y se libró uno por tres millones de lempiras. Ese dinero que fue utilizado para la compra de una inmobiliaria a un grupo de criminalidad organizada (Los Cachiros). Como se debe recordar dicho clan criminal está juzgado en Estados Unidos”, manifestó.
“Lo que va a ocurrir es que estos sectores que vieron fortalecidos la lucha contra la corrupción, van a desaparecer. Hay investigaciones que se realizan que son de hasta 94 millones de lempiras”, detalló para finalizar.
