Ocho Claustros de la UNAH se pronuncian por sentencia a ex estudiantes

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Claustros de profesores
8 claustros de profesores de la UNAH se pronunciaron ante la sentencia emitida a 3 ex estudiantes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ocho (8) Claustros de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se pronunciaron en contra de la sentencia condenatoria a los 3 ex dirigentes estudiantiles.

En este, exhortaron al Poder Judicial (PJ) que pare la criminalización contra la «protesta social» y en particular a los «estudiantes».

Los claustros de profesores participantes de este pronunciamiento son: el de la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Espaciales, Facultad de Humanidades y Artes, y el Claustro de Profesores del Centro Regional del Litoral Atlántico (CURLA).

Los ex estudiantes Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa fueron condenados a tres años de prisión. Esto, el pasado 2 de septiembre.

Pronunciamiento del claustro de profesores

El documento emitido por 8 claustros de profesores de la UNAH, menciona en primera instancia que «repudia» la sentencia dictada por las juezas Enilda Geraldina Mejía, Indania Castellanos y el juez José Roberto Mejía. Todos miembros de la sala cuarta, del Tribunal de Sentencia.

Ellos condenaron a prisión a los estudiantes Cesario Padilla, Moises Cáceres y Sergio Ulloa a 3 años de cárcel. El pronunciamiento detalló que los delitos por los que se les culpa a los imputados «ya no existen en el código penal actual». Estos son Usurpación y Detención de los espacios públicos.

Además, el escrito señala que a «todas luces» la sentencia tiene «tintes políticos» y no jurídicos. Mencionando puntualmente «lo mal que se encuentra el Sistema Judicial en Honduras», el cual «condena víctimas y libera maleantes».

En el segundo inciso, el pronunciamiento destacó que «rechazan la criminalización de la protesta social», de la cual es objeto Padilla, Cáceres y Ulloa. La cual tiene origen en las acciones emprendidas por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), del cual formaron parte en su momento.

Asimismo, menciona que fue en la lucha de los 3 estudiantes «por la defensa de la educación pública». En base a la legislación universitaria establecida por la Comisión de Transición (2004-2008), que incorporó a los estudiantes, docentes y autoridades en los órganos de cogobierno de la UNAH.

Lo anterior, fue rechazado por la ex rectora Julieta Castellanos, y sus colaboradores más cercanos. El documento emitido por los 8 claustros de profesores detalló que «la criminalización de la protesta social es hoy una política del Estado de Honduras y representa el retroceso de las conquistas sociales de la Constitución de la República».

Nota relacionada: Por detentación ilegal de bienes condenan a tres exestudiantes de la UNAH

Exigencias del pronunciamiento

Los 8 claustros de profesores de la máxima casa de estudios, exigen a las actuales autoridades universitarias, que desistan de la causa y se adhieran al «recurso de casación». El cual fue presentado por los representantes legales de los estudiantes.

Seguido, instaron al PJ de Honduras a desistir del proceso de «criminalización de la protesta social». En particular las referentes a los estudiantes de la UNAH, puesto que es un derecho que garantiza la Constitución de la República.

Por último, «demandan» la pronta incorporación de la representación estudiantil a los órganos de cogobierno de la UNAH. Esto, con el fin de garantizar la calidad educativa, la libertad de pensamientos, la pluralidad de ideas, la transparencia en el manejo de sus recursos y para poner un alto contundente al autoritarismo promovido por «Julieta Castellanos«.

Caso de Cesario, Moisés y Sergio

En el año 2017 los encontraron culpables del delito de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH. A los ex universitarios les impusieron otra pena accesoria, que es la inhabilitación absoluta e interdicción civil.

Por esta razón, el Claustro de profesores se pronunció al respecto, al igual que lo han hecho dirigentes estudiantiles y de sociedad civil. Considerando que el proceso no es legal, sino más bien político.


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