Redacción. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dio a conocer su respaldo a la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), emitida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 20 de septiembre.
La decisión, explicó el organismo, está alineada con las obligaciones del Estado hondureño en materia de derechos humanos para toda la población, sin discriminación. ACNUDH reiteró en varias ocasiones que permitir a entidades privadas establecer sistemas administrativos, judiciales, tributarios y de seguridad suponía una cesión de competencias estatales fundamentales para la protección de los derechos humanos.
La falta de control estatal en estas áreas podría llevar a violaciones de derechos como la falta de consulta previa a pueblos indígenas y afrohondureños, expropiaciones forzosas y la privatización total de servicios esenciales como salud, educación y seguridad social, lo que afectaría negativamente los derechos sociales de las comunidades impactadas, según el organismo.
Desde el 2014, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial había recomendado a Honduras revisar la compatibilidad de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Puso énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños.
La OACNUDH también identificó que las comunidades afectadas no estuvieron informadas de manera adecuada sobre los procesos de negociación e instalación de estas zonas.
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Conflicto social
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos dijo en 2019 que la falta de transparencia y de participación de las comunidades en las decisiones comerciales es una de las causas principales de los conflictos sociales en Honduras. Además, el régimen de las ZEDE ha expuesto al Estado a demandas arbitrales que exigen indemnizaciones millonarias. Eso, según las Naciones Unidas, ha generado tensión entre los derechos de los inversionistas extranjeros y los derechos humanos de las comunidades.
El relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano, David R. Boyd, destacó cuatro años después (2023) que los sistemas de solución de controversias entre inversionistas y Estados (SCIE) favorecen a los inversionistas extranjeros. Subrayó que les otorga derechos exigibles sin imponerles responsabilidades, mientras que los gobiernos y comunidades afectadas no pueden demandar.
La OACNUDH ofreció su asistencia al Estado hondureño para que los futuros proyectos de inversión en el país sean ejecutados, respetando los derechos humanos.