OACNUDH pide al Gobierno no culpar por actos violentos a organizadores de protestas

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Saqueos a negocios comerciales y quema de llantas, son algunos de los hechos registrados durante el paro nacional.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Que los organizadores de las recientes manifestaciones no sean señalados como responsables de actos violentos, es la petición de la Oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).

En ese sentido, reiteraron que han dado seguimiento a las marchas correspondientes al paro del jueves y viernes a nivel nacional.

Además, reiteró su llamado al Estado a que se garantice el derecho a la reunión pacífica y la protección de su ejercicio.

Uso indiscriminado de gases lacrimógenos

Para la OACNUDH, es de alta preocupación el uso indiscriminado de gases lacrimógenos  y de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. Refiriéndose con ello a dos incidentes de personas que resultaron heridas a causa de ello en Siguatepeque y Villanueva.

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Por lo que reiteró que la prevención y el control de los citados actos violentos deberán desarrollarse en virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad.

En virtud de ello, enfatizó que las funciones de orden público sean exclusiva responsabilidad de las fuerzas civiles de seguridad. Lo anterior, como parte de las recomendaciones a Honduras de los mecanismos universales y regionales de derechos humanos.

Asimismo, exhortó a las autoridades a investigar cada hecho violento registrado con la mayor brevedad, imparcialidad y diligencia.

Campañas de desprestigio

Siempre en el mismo contexto, la Oficina hizo énfasis en las campañas de desprestigio en contra de los gremios de Salud y Educación.

Es por ello, que consideran que esta acción acarrea consecuencias nada productivas para la solución de la crisis. Estos se derivan en el cierre de espacios de interlocución entre las partes sociales y el gobierno.

A efecto de ello, destacó el rol de los defensores de derechos humanos y medios de comunicación. Esto, con el fin de promover el derecho a la libertad de opinión y expresión.