Redacción. El panorama migratorio de Estados Unidos experimentó un cambio radical a partir del 8 de julio de 2025, tras la promulgación de la ley «One Big Beautiful Bill / Gran y hermoso proyecto de ley» (H.R.1) por el presidente Donald Trump el 4 de julio.
Esta legislación impone un aumento significativo en las tarifas de diversas visas. Asimismo, crea nuevos cargos que impactan tanto a turistas como a inmigrantes, generando una ola de preocupación entre solicitantes, organizaciones humanitarias y el sector turístico.
Una de las adiciones más controversiales es la nueva Tarifa de Integridad de Visa de $250, que ahora es obligatoria para todas las solicitudes de visas de no inmigrantes. Esto significa que los aspirantes a visas de turista (B1/B2), estudiante o trabajo, entre otras categorías temporales, deberán desembolsar un total de $435.
Le puede interesar: Proyecto de ley en EE. UU. propone deportación por conducir ebrio
Aunque se postula como un «depósito de cumplimiento» reembolsable para quienes respeten su fecha de salida, los detalles del proceso de reembolso aún no se han definido, y se prevé que será burocrático y de difícil acceso.
Impacto económico
Además de este nuevo cargo, la ley introduce múltiples incrementos. La autorización ESTA, necesaria para viajeros de países con exención de visa, aumenta de $21 a $40, con planes de implementarse antes del Mundial 2026. Las solicitudes de asilo, que antes eran gratuitas, ahora tienen un costo inicial de $1,000, más $100 anuales mientras estén pendientes.
La autorización de trabajo para asilados sube a $550 y el ajuste de estatus para la Green Card costará $1,500. Permisos humanitarios y TPS tendrán un costo entre $500 y $1,000, y un nuevo cargo I-94 (registro de entrada/salida) de $30 se añade a la lista. También se contemplan multas de hasta $5,000 por faltas migratorias y un impuesto del 1 % a las remesas enviadas por canales no bancarios.
Esos costos representan una barrera económica considerable, especialmente para familias de bajos ingresos y solicitantes de asilo, quienes a menudo ya se encuentran en situaciones vulnerables. Organizaciones de derechos humanos han criticado la ley, argumentando que penaliza a los más necesitados y dificulta procesos esenciales como la reunificación familiar.
El sector turístico también ha manifestado su alarma, temiendo que el aumento de tarifas desanime a visitantes internacionales, justo cuando EE. UU. se prepara para albergar eventos de gran envergadura como el Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos 2028.
La administración Trump justifica la ley como un medio para fortalecer la seguridad y modernizar el sistema migratorio. Se esperan futuras regulaciones y posibles desafíos legales en respuesta a estas controvertidas medidas.
