REDACCIÓN. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que el Gobierno de Donald Trump añadirá más de 10 kilómetros al muro fronterizo con México para evitar la llegada de inmigrantes irregulares.
«Estoy aquí en Arizona. Y justo en este punto pueden ver dónde termina el muro fronterizo. Hoy comenzamos siete millas (11,26 kilómetros) de construcción. Seguiremos trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser seguro«, dijo en un video que compartió en X.
Por su parte, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista pregrabada y difundida hoy en el programa Full Measure que, desde que llegó al poder en enero de este año, el problema de cruce de inmigrantes irregulares por la frontera sur del país mejoró «un 99 %» con respecto a la Administración de su predecesor, el demócrata Joe Biden.
«Dije cierren la frontera y cerraron la frontera», expresó Trump.
Este domingo 16 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua.
«No se necesitan muchas leyes nuevas», anotó el mandatario en la entrevista sobre la forma en que el Ejecutivo puede reducir la presencia de indocumentados o de gente que supuestamente represente una amenaza para el país.
Aunque este sábado un juez federal bloqueó temporalmente el uso de dicha ley, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que fueron trasladados a El Salvador unos 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, ha ofrecido encarcelar a cambio de un precio «justo».
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?
Trump destacó que como presidente y comandante en jefe es su «solemne deber» proteger a los estadounidenses de «los devastadores efectos» de la misma, razón que le lleva a aplicar la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros.
Esa legislación permite las deportaciones sin una audiencia y, según el Centro de Pensamiento Brennan, se invocó solo en tres ocasiones en la historia del país, todas ellas en tiempos bélicos: la guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar las detenciones y expulsiones de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses, y durante la Segunda jugó un papel en la política estadounidense de internamiento de nipones.
El presidente puede invocarla en caso de guerra declarada o cuando un gobierno extranjero amenaza o lleva a cabo una invasión contra territorio estadounidense.
Por su parte, la Constitución le otorga al Congreso, no al mandatario, la facultad de declarar la guerra. Este debe esperar a una votación en el recinto para invocar dicha ley en base a una guerra ya declarada, pero no necesita esperar a dicho trámite ante «una amenaza o una invasión en curso».
