TEGUCIGALPA, HONDURAS. La reducción de penas para malversadores de caudales públicos y la magnificación de sanciones por realizar protestas, son algunos motivos –que utilizaron dirigentes civiles– para calificar el nuevo Código Penal como un instrumento para que las «estructuras de corruptos» sigan operando.
Desde un foro matutino de televisión, mediáticos dirigentes reiteraron la abrogación del Código. Aunque este se aprobó desde enero del 2018, en los últimos días se magnificó el rechazo contra esa Ley.
En ese sentido, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó el proceso de creación. «Cuatro artículos no se debatieron en el Congreso, otros se trastocaron”, señaló.
«Los primeros 20 artículos, son nuevos pero es una copia del Estatuto de Roma que utilizó Honduras en 2002″, advirtió. Seguidamente dijo que el nuevo Código incluye artículos y delitos que «nunca se podrán aplicar».
De igual forma, Castellanos avizoró que–de entrar en vigencia en noviembre– por la retroactividad del Derecho Penal, bastará «una hora o una semana» para que se beneficien a varias personas.
Entre sus reclamos, resaltó que «dentro del Nuevo Código Penal en el artículo 475, se puede interpretar que el funcionario sólo podrá ser investigado cuando esté en su cargo; eso sí, al salir no podrá ser investigado por malversación de caudales públicos”
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Empresario también dice «no»
Citando al CNA, el El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Pedro Barquero también evidenció su malestar. “Este es un instrumento para que estas estructuras de corruptos y corruptos continúen”, avisó.
«Este documento fue diseñado con mala intención. Según el análisis del CNA, el 90% del articulado debe ser reformado, debe iniciarse un nuevo documento», recomendó. “No podemos seguir retrocediendo en nuestra democracia y en el Estado de derecho. Este nuevo Código reduce la pena de muchos delitos”, dijo.
Jurista alerta reducción de penas
Por su parte el experto en Derecho Penal, Jair López, comparó los años de encarcelamiento para los culpables por el delito de malversación de caudales públicos. En su exposición señaló que en el actual Código se impone una pena entre los 6 y 12 años.
Mientras que en el nuevo Código, se impondrá entre 4 a 6 años. Es decir dos años menos en la pena mínima y 6 años menos en la máxima.
«Si este Código (nuevo) tiene tantas críticas en el contenido, debe replantearse otro tipo de tratamiento como en los delitos de corrupción», recomendó. «Le falta bastante sobre muchos temas en conjunto sobre corrupción e impunidad”, señaló.
«El Estado fallido»
Sobre el tema, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, dijo que «el mismo Código Penal es un delito». Regañó que la implementación de leyes de ese tipo son «una práctica reiterada y aceptada».
De igual forma, cuestionó que a través de esa Ley se pretenda magnificar las penas para la protesta e incorporar la «figura de terrorismo». “En este nuevo Código se disminuye la pena a la violación, y a la asistencia familiar también”, añadió.
“No hay democracia, estamos en un Estados fallido, eso es indudable”, concluyó.
