Redacción. En horas de la tarde de este lunes, el Poder Judicial emitió una orden de captura contra los ex altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto.
Los tres exjerarcas enfrentan acusaciones por el asesinato de Isy Obed Murillo, un joven que murió de un disparo en la cabeza durante la manifestación del 15 de julio de 2009, en el contexto del golpe de Estado en Honduras.
El pasado 3 de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó la medida de arresto domiciliario y ordenó prisión preventiva. Sin embargo, hasta hoy, un juez del Poder Judicial solicitó la orden de captura inmediata contra los exgenerales.
Varios equipos de la Policía Nacional se han movilizado para proceder con la detención de los imputados.
No obstante, una fuente de entero crédito reveló a Diario Tiempo que la orden ya ha sido notificada a la defensa de los acusados. Por lo tanto, los exjerarcas se presentarán de manera voluntaria en los Juzgados de Letras Penal en Tegucigalpa.
Le puede interesar: Defensa presenta un nuevo recurso a favor de Romeo Vásquez y demás acusados
Caso de Isy Obed Murillo
El asesinato de Isy Obed Murillo ocurrió el 5 de julio de 2009 cuando éste participaba en una protesta en contra del golpe de Estado.
Durante los disturbios, las FFAA habrían abierto fuego contra los manifestantes, y Murillo fue una de las víctimas fatales del enfrentamiento. Desde entonces el caso había permanecido impune, lo que generó una creciente demanda de justicia por parte de la sociedad hondureña.
Tras años de inacción judicial, el caso se reabrió como parte de la lucha contra la impunidad, una de las principales demandas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil en Honduras.
Revocación de los delitos
Los generales enfrentan cargos por asesinato y tentativa de asesinato debido a su presunta participación en la orden de represión contra los manifestantes.
Aunque inicialmente se les había concedido la medida de arresto domiciliario, el juez que revisó el caso determinó que los acusados no cumplían con los requisitos para seguir en libertad.
Por ello, la Corte Suprema de Justicia ordenó prisión preventiva para garantizar su comparecencia en los tribunales y evitar que interfieran en el proceso judicial.
