Redacción. La Cámara de Representantes de Colorado, controlada por los demócratas, aprobó el lunes una nueva ley que amplía las protecciones estatales para inmigrantes y restringe aún más la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. La medida se opone frontalmente a las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump.
La ley SB25-276, denominada Protección de los Derechos Civiles por Estado Inmigratorio, fue promovida por la senadora Julie Gonzales y la representante Lorena García, ambas demócratas. Ahora se dirige al escritorio del gobernador Jared Polis, también demócrata, quien ya ha manifestado su intención de firmarla.
Esta legislación modifica la ley de Seguridad Vial y Comunitaria de 2013, que permitió a inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir en Colorado. Uno de los cambios clave es que los solicitantes de documentos de identidad estatales ya no deberán firmar una declaración jurada sobre su elegibilidad para regularizar su estatus migratorio.
También se prohíbe que una persona detenida en cárceles locales se retenga únicamente por razones vinculadas a su estatus migratorio. Además, las fuerzas del orden locales o de otros estados no podrán detener a personas en Colorado solo por sospechas relacionadas con su documentación migratoria.
Otro aspecto significativo de la SB25-276 es que impide a la policía y a los alguaciles locales firmar contratos con agencias federales de inmigración. Incluso si no implican compensación económica.
La ley también introduce protecciones legales para personas indocumentadas declaradas culpables de delitos menores. Si no recibieron la debida asesoría legal sobre las consecuencias migratorias de declararse culpables, podrán solicitar la anulación de esa declaración.
A pesar de estas restricciones, la legislación establece que las autoridades locales seguirán cooperando con las federales en casos de crímenes federales o si existe una orden judicial específica.
Colorado reafirma su perfil como estado santuario
«Colorado es más fuerte cuando todos podemos contribuir a nuestra economía sin temor», expresó la representante Elizabeth Velasco en un comunicado. Añadió que el objetivo es fortalecer las leyes sobre intercambio de datos personales y reafirmar las protecciones existentes para garantizar el debido proceso a todas las personas, sin importar su estatus migratorio.
Colorado es considerado un estado santuario, una categoría que ha sido duramente criticada por Donald Trump. Él, sin pruebas ha acusado a estos estados de entorpecer la labor del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La tensión entre el gobierno federal y las autoridades estatales se intensificó la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el gobernador Polis, el fiscal estatal Phil Weiser y el alcalde de Denver, Mike Johnston. La demanda, interpuesta en una corte federal en Denver, cuestiona las políticas santuario de Colorado. Demandas similares se presentaron contra las ciudades de Chicago y Rochester, Nueva York.
El gobierno de Trump ha afirmado que estas políticas facilitaron que la pandilla venezolana Tren de Aragua “tomara el control” de edificios en Aurora. Sin embargo, autoridades locales, incluido el alcalde de Aurora, Mike Coffman —republicano—, reconocieron la presencia de pandilleros, pero negaron que hayan controlado amplias zonas del suburbio o que las autoridades no hayan cooperado con ICE.
