Después de cumplir con una nutrida agenda de entrevistas con representantes de los diversos sectores concernidos en la actividad política-electoral, la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (MSE-UE) se ha marchado sin haber encontrado buenas nuevas.
La jefe MSE- UE, Urlike Lunacek, a poco tiempo de realizar su tarea llegó a la conclusión de que el problema de la reelección presidencial, creado a rajatabla por el Partido Nacional (PN) “hecho poder”, venía a ser el principal impedimento de la reforma electoral, algo así como el nudo gordiano.
En algún momento, con el propósito de destrabar el impasse, Lunacek planteó, de manera sibilina, la alternativa de regular la aplicación de la reelección para darle viabilidad, algo que, naturalmente, no podía tener eco en los partidos políticos, con excepción del PN y sus adláteres pigmeos, como tampoco en los sectores de la sociedad civil.
Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en estos dos años perdidos ha elaborado propuestas para la reforma electoral en que se recogen algunos de los puntos torales, –por lo que ahora ha ganado palmaditas en la espalda de la MSE- UE, tal iniciativa, en el fondo, ha sido parte de la hipocresía con que el vicio da tributo a la virtud.
Como lo previmos al conocer el anuncio de la visita de la susodicha Misión Electoral, lo que definitivamente impide la reforma política-electoral es la falta total de voluntad política del PN “hecho poder”, puesto que esa reforma, tal como está planteada en conformidad con el consenso partidista y el sentimiento nacional, se contrapone al proyecto continuista del régimen dictatorial, militarista, del que la reelección presidencial es la piedra angular.
Algunos acontecimientos de última hora, principalmente la caída en desgracia, por graves acusaciones de corrupción en Estados Unidos, del expresidente Rafael Leonardo Callejas, que desarticula el montaje reeleccionista, hace todavía más lejana la posibilidad de alcanzar los objetivos de la reforma política electoral, puesto que, de efectuarse, cambiaría por completo la plataforma
creada para imponer, a como haya lugar, el continuismo del régimen.
Esto conduce, por supuesto, a una agudización de la crisis política hondureña con perspectiva de completa desestabilización social y política, porque, en las condiciones actuales, los partidos políticos de oposición, que constituyen actualmente el 80 por ciento del electorado, y, sin exageración, cerca del 90 por ciento de la voluntad nacional en favor del cambio de régimen, se verían ante la disyuntiva de abstenerse de participar en una comedia electoral, letal para el país y de consecuencias trágicas incalculables.
