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viernes 19 diciembre 2025

Trump firma orden para reclasificar la marihuana y ampliar la investigación médica

Redacción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa. La medida podría modificar la regulación federal y permitir más estudios médicos, aunque no legaliza el uso recreativo en todo el país, informó Infoabe.

La iniciativa propone mover al cannabis de la Lista I reservada para drogas sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso, como la heroína o el LSD a la Lista III, junto a fármacos como la ketamina y ciertos esteroides anabólicos. La Administración para el Control de Drogas (DEA) tendrá la responsabilidad de implementar el cambio, que ya estaba bajo revisión desde la anterior administración.

Aunque la reclasificación no autoriza el consumo recreativo ni elimina las leyes estatales, sí puede transformar la regulación de la industria. La medida reduciría la carga fiscal del sector, facilitaría el acceso a financiación y ampliaría las posibilidades de investigación científica y médica.

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Trump defendió la orden destacando su potencial terapéutico: “Tenemos gente suplicándome que haga esto. Personas que sufren mucho”. La Casa Blanca busca enfocar el cambio en el uso médico, un tema que genera división incluso dentro del Partido Republicano.

Antecedentes y diferencias partidarias

El giro no es totalmente nuevo. Durante el mandato de Joe Biden, el Departamento de Justicia propuso reclasificar la marihuana como sustancia de la Lista III, pero el proceso avanzó lentamente. La orden de Trump busca acelerar la revisión, que incluye un período de comentarios públicos con decenas de miles de opiniones recogidas en todo el país.

A diferencia de Biden, Trump enfrenta resistencia dentro de su partido. Más de 20 senadores republicanos, liderados por Ted Budd, enviaron este año una carta pidiéndole mantener la marihuana en la Lista I. Argumentaron que la droga sigue siendo peligrosa y que un cambio “socavaría sus esfuerzos para hacer grande a Estados Unidos”.

El grupo también señaló efectos negativos en la salud física y mental, así como riesgos en seguridad vial y laboral. En tono geopolítico, advirtieron que “los únicos ganadores de una reclasificación serán actores maliciosos como la China comunista”.

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Un voluntario muestra cogollos de cannabis en el dispensario de marihuana medicinal La Brea Collective en Los Ángeles, California, el 18 de marzo de 2014. Reuters/Lucy Nicholson/Foto de archivo.

Contexto legal y social

La decisión de Trump llega en medio de un conflicto entre leyes estatales y normativas federales. En muchos estados, la marihuana es legal para uso médico, recreativo o ambos, mientras la prohibición federal mantiene abiertos procesos judiciales y genera un entramado legal fragmentado.

El respaldo social a una regulación menos restrictiva ha crecido. Según Gallup, el apoyo a la legalización pasó del 36% en 2005 al 68% el año pasado, con diferencias según la afiliación política y la edad de los votantes.

La orden también impulsa la investigación y el acceso al CBD, un derivado legal del cáñamo. El Gobierno anunció un programa de Medicare que permitirá a adultos mayores acceder gratuitamente al CBD, siempre que un médico lo recomiende. Mehmet Oz, al frente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, presentó la iniciativa como un alivio para dolores crónicos y otras afecciones frecuentes en la población mayor. Los criterios médicos y el alcance del programa se definirán en los próximos meses.

Una política antidrogas pragmática

Trump ha evitado comprometerse con la despenalización general del cannabis. Históricamente, ha defendido que el tema se resuelva estado por estado. En su segundo mandato, ha priorizado una ofensiva contra otras drogas, especialmente el fentanilo.

Como parte de esa estrategia, firmó otra orden ejecutiva que declara al fentanilo como un arma de destrucción masiva y autoriza acciones militares contra embarcaciones implicadas en su tráfico. La reclasificación de la marihuana aparece como un ajuste selectivo dentro de una política antidrogas que sigue privilegiando la mano dura frente a los opioides sintéticos, señaló Infoabe.

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