Redacción. Las redadas migratorias impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos comienzan a dejar huellas profundas en la economía local del sur de Arizona. Restaurantes, carnicerías y pequeños comercios enfrentan cierres, pérdidas económicas y procesos legales costosos tras operativos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE), según reportó la Agencia EFE.
Uno de los casos más visibles es el de Taco Giro, una cadena de comida mexicana con fuerte arraigo en la región. La empresa cerró de forma indefinida siete de sus diez locales luego de que agentes federales arrestaran a decenas de empleados durante una redada realizada el 5 de diciembre.
César Rodríguez, director de operaciones de la cadena, explicó a EFE que el operativo dejó a la empresa sin personal suficiente para continuar operando. «De un momento a otro perdimos el 10% de nuestros empleados», afirmó. Los agentes, añadió, también confiscaron documentos laborales y acudieron a viviendas de trabajadores, lo que elevó el número de detenidos.
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Rodríguez señaló que recontratar personal no resulta sencillo. El temor se extendió incluso entre trabajadores con ciudadanía estadounidense, quienes evitan acudir a sus empleos por miedo a que sus familiares indocumentados sean detenidos.
ICE defiende operativo
ICE defendió el operativo y aseguró que la intervención respondió a una investigación prolongada por presuntas irregularidades, entre ellas la contratación de personas sin autorización laboral, pagos en efectivo y posibles delitos fiscales y de narcotráfico. Rodríguez rechazó esas acusaciones y las calificó de «ridículas», según declaraciones recogidas por EFE.
El impacto también alcanzó a la clientela. Mario Ramírez, consumidor habitual del restaurante, contó a EFE que el ambiente cambió drásticamente tras la redada. «Alguna clientela tiene miedo de llegar al restaurante debido a que temen que ICE vuelva a llegar al establecimiento», dijo mientras observaba el local casi vacío.
La experiencia de Taco Giro no es un caso aislado. En Tucson, Marco Antonio López, dueño de «Beef Master Meat Market», aún lidia con las consecuencias de un operativo similar ocurrido en marzo, durante los primeros meses de la segunda Administración de Donald Trump.
López relató a la Agencia EFE que, aunque los agentes no realizaron arrestos durante la inspección, al día siguiente ningún empleado regresó a trabajar. «Fue muy duro, mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudarme para poder sacar adelante el negocio», recordó. Contratar nuevamente personal y recuperar la clientela le tomó varios meses.
A casi un año del operativo, el comerciante sigue bajo revisión federal. Continúa entregando documentación y enfrenta la posibilidad de una multa elevada. «No quiero decir la cantidad, pero si debo de pagar tanto dinero, creo que mi negocio no podrá sobrevivir», afirmó.
Los costos legales y la capacitación obligatoria en el sistema federal E-Verify incrementaron aún más la presión financiera sobre el negocio, según explicó López.
El fenómeno se replica en otras ciudades del país. En Los Ángeles, un estudio del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43% de los empresarios hispanos entrevistados reportó pérdidas superiores al 50% tras las redadas. La cifra aumentó al 68% entre quienes no dominan el inglés.
Reacción de alcaldesa de Tucson
Para la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, estas acciones no fortalecen la seguridad pública. «Las redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen que nuestra comunidad sea más segura, ni reducen los precios para los habitantes de Tucson», declaró a EFE.
Romero sostuvo que aplicar la ley no justifica el daño a la economía local. A su juicio, estos operativos ahuyentan a trabajadores, paralizan negocios legales y afectan a comunidades ya golpeadas por el aumento del costo de la vida. «Ahuyentan a los empleados de toda la vida, independientemente de su estatus migratorio, y utilizan recursos federales para intimidar a las personas basándose únicamente en el color de su piel o su acento».
La alcaldesa advirtió que el impacto económico se agrava en un contexto de alzas en las rentas y en los alimentos básicos, lo que deja a muchas familias y pequeños empresarios en una situación cada vez más vulnerable.
