Redacción. La decisión de Estados Unidos de clasificar al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera llega en un escenario delicado para la relación bilateral con Colombia. El anuncio coincide con los contactos que mantiene el Gobierno de Gustavo Petro con ese grupo armado dentro de su estrategia de diálogo y desescalamiento del conflicto.
La medida de Washington agrega presión a un proceso que aún no logra bases jurídicas sólidas y abre un nuevo capítulo en la cooperación y las tensiones entre ambos países, según información de la Agencia EFE.
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Un grupo criminal de alcance nacional
El Clan del Golfo, que se presenta a sí mismo como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es hoy la mayor estructura criminal del país. Las autoridades estiman que cuenta con cerca de 9,000 integrantes.
El grupo heredó el control de economías ilegales que antes manejaban las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006. Desde entonces, consolidó su poder en el narcotráfico, la extorsión y el control territorial.
Durante años, la organización estuvo liderada por los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga, conocidos como Giovanni y Otoniel. Este último fue capturado en 2021, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 45 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el envío de casi 97 toneladas de cocaína.
Expansión territorial y redes internacionales
El grupo nació en la región del golfo de Urabá, entre Antioquia y Chocó, en el noroeste del país. De allí tomó el nombre con el que el Gobierno colombiano lo identificó oficialmente en 2014.
Con el paso de los años, amplió su presencia hacia la costa Caribe, la frontera con Venezuela y zonas del Pacífico. Estas áreas son claves para la salida de droga al exterior.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación indica que el Clan del Golfo opera en 302 de los casi 1.100 municipios colombianos. Fuera del país, controla rutas de tráfico de drogas y migrantes en la frontera con Panamá y utiliza redes criminales locales para almacenar y mover estupefacientes.
Un diálogo sin reglas claras
El Ejecutivo de Gustavo Petro abrió conversaciones con el Clan del Golfo en septiembre pasado en Doha. El proceso cuenta con el respaldo de Catar, España, Noruega y Suiza.
El Gobierno aclara que no se trata de una negociación de paz tradicional. El diálogo apunta al sometimiento a la justicia y al desmontaje de las economías ilegales, dentro de la política de ‘paz total’.
Como primer paso, las partes acordaron un plan piloto para sustituir cultivos ilícitos en municipios de Antioquia y Chocó. Luego, la iniciativa se amplió a zonas de Córdoba, Bolívar y otras áreas de Antioquia.
Sin embargo, el proceso sigue sin un marco legal definido. Persisten desacuerdos sobre las condiciones del sometimiento y el grupo se resiste a aceptar una subordinación plena al sistema judicial.
El impacto del rótulo terrorista
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha incluido a varios grupos criminales latinoamericanos en su lista de organizaciones terroristas.
Con esta decisión, el Clan del Golfo se convierte en el cuarto grupo armado colombiano en recibir esa designación, junto al ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, dos disidencias de las antiguas FARC.
La inclusión implica sanciones financieras, congelación de activos y acciones penales contra quienes brinden apoyo directo o indirecto a la organización. Además, equipara legalmente al grupo con estructuras como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa.
El anuncio ocurre en medio del deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington, marcado por operativos militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental dentro de su estrategia antidrogas, que han dejado decenas de embarcaciones hundidas y numerosos tripulantes muertos, según datos citados por la Agencia EFE.
