Redacción. Una jueza federal en el estado de Michigan se encuentra en el centro de una intensa polémica tras una resolución judicial relacionada con un inmigrante hondureño condenado por un delito grave. La controversia no solo gira en torno a la decisión legal, sino también a los comentarios públicos que la magistrada emitió durante el proceso, los cuales han sido duramente cuestionados por sectores políticos y sociales en Estados Unidos.
El caso involucra a Edys Renán Membreño Díaz, ciudadano hondureño que, según autoridades migratorias estadounidenses, ingresó de manera irregular al país en al menos siete ocasiones. En 2022, a Membreño Díaz lo condenaron por la violación de una mujer con discapacidad. Por este crimen, actualmente cumple una sentencia en una prisión estatal de Michigan.

Durante una audiencia reciente, la jueza federal Judith Levy determinó que el hondureño deberá permanecer dos años adicionales en prisión, luego de que se comprobara una violación a la ley migratoria federal. Sin embargo, lo que ha generado mayor indignación no se basa únicamente la extensión de la condena, sino el tono y contenido de las declaraciones de la jueza.
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Criticas
Levy se refirió a Membreño Díaz como un “embajador por cumplir con nuestras restricciones migratorias”. Esta frase se ha calificado por críticos como inapropiada e insensible, considerando la gravedad del delito por el que recibió una condena. Además, la magistrada destacó lo que describió como su “devoción por la familia”. Asimismo, enfatizó en su disposición a desempeñar trabajos que, según dijo, muchos ciudadanos estadounidenses no desean realizar.
Estos comentarios provocaron una oleada de críticas durante el fin de semana. Muchos calificaron los elogios como “perturbadores” y “moralmente reprochables”, al considerar que minimizan el daño causado a la víctima. Diversos analistas señalaron que el lenguaje utilizado podría enviar un mensaje equivocado sobre la gravedad de los delitos sexuales.
Membreño Díaz podría ser elegible para salir de prisión el 23 de julio de 2028. Sin embargo, la Fiscalía federal insiste en que debe cumplir completamente los dos años adicionales solicitados por la violación de las leyes migratorias. Asimismo, subrayan que el estatus migratorio irregular agrava su historial criminal. El caso continúa generando debate sobre la justicia, la migración y el papel del discurso judicial en casos de alto impacto social.



