Estados Unidos. Mientras los concejales de la Ciudad de Nueva York debatían leyes para reforzar el estatus de santuario de la Gran Manzana, congresistas locales abrieron otro frente contra las deportaciones masivas: presentaron la Ley de Protección del Debido Proceso de Inmigración, informó El Diario.
La iniciativa busca resguardar a los inmigrantes que siguen los canales legales para residir en Estados Unidos, asisten puntualmente a sus audiencias y aún así son arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Si se aprueba, la ley prohibiría a los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detener a cualquier persona dentro de las instalaciones de un tribunal de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR). Salvo que exista una orden judicial. Estas protecciones se aplicarían a quienes tengan casos de inmigración activos y sin una orden final de deportación.
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Congresistas al frente del proyecto
La medida es promovida por Adriano Espaillat (NY-13), Dan Goldman (NY-10), Nydia Velázquez (NY-7) y Robert García (CA-42), quien es el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Los legisladores visitaron varias salas del edificio Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, donde se concentran muchas cortes migratorias.
“El debido proceso es una protección fundamental en nuestra Constitución. Sin esto, todos los demás derechos, privilegios y protecciones contra el abuso de poder se desmoronan”, señaló el congresista dominicano Adriano Espaillat.
Evitar arrestos injustificados
El proyecto busca frenar un patrón creciente de detenciones en Federal Plaza. Según El Diario, este año agentes federales han arrestado a inmigrantes no violentos inmediatamente después de sus comparecencias obligatorias, incluso mientras sus casos aún estaban activos.
En ese sentido, la ley garantizaría medidas de seguridad para quienes buscan vías legales y cumplen con sus audiencias. Esto incluye solicitantes de asilo, estudiantes y personas en libertad condicional que ingresaron al país legalmente.
En un comunicado, los legisladores advirtieron que “al anular las solicitudes de asilo pendientes y someterlas inmediatamente a un proceso de deportación acelerada, el DHS está eludiendo el debido proceso, impidiendo el acceso a un abogado y acelerando las deportaciones de quienes, de otro modo, seguirían los procedimientos legales”.
Controles y supervisión
El proyecto exige que cualquier arresto en estas instalaciones tenga autorización escrita de un supervisor superior, con justificación legal. Y que se notifique al Inspector General del DHS en un plazo de 30 días.
Además, la Oficina del Inspector General deberá entregar al Congreso un informe sobre el cumplimiento de la ley. Incluyendo número de arrestos, fundamentos legales, medidas adoptadas y capacitación brindada al personal del DHS.
