Redacción. La Corte Suprema de Estados Unidos el viernes aceptó analizar la constitucionalidad de la orden del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento. La medida sostiene que los hijos de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal no deberían recibir la ciudadanía automática, según informó The Associated Press (AP).
El tribunal estudiará la apelación de la administración republicana, que busca revertir fallos de tribunales inferiores. Esas cortes bloquearon la orden ejecutiva y señalaron que podría violar la Constitución. La política no ha entrado en vigor en ningún estado. Los jueces escucharán el caso en primavera y se espera una decisión final a comienzos del verano.
La orden, firmada por Trump el 20 de enero al iniciar su segundo mandato, forma parte de su ofensiva migratoria. El gobierno también impulsó mayores operativos de control en varias ciudades y utilizó, por primera vez en un periodo de paz, la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII.
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Múltiples demandas
La Casa Blanca enfrenta múltiples demandas. El Supremo ha emitido decisiones de emergencia con resultados mixtos. Por un lado, frenó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sin audiencia a presuntos pandilleros venezolanos.
Pero también permitió que se reanudaran detenciones migratorias masivas en el área de Los Ángeles, luego de que un juez federal suspendiera esa práctica por considerarla discriminatoria.
Los magistrados aún analizan otra solicitud urgente del gobierno, que pide permiso para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago con el fin de reforzar los controles migratorios. Un tribunal inferior bloqueó el despliegue de manera indefinida.
La política sobre ciudadanía por nacimiento es la primera medida migratoria de Trump que llega al alto tribunal para un fallo definitivo. Su orden desafía más de un siglo de interpretación constitucional. Durante 125 años, las autoridades han entendido que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para hijos de diplomáticos o fuerzas de ocupación extranjeras.
¿La orden es inconstitucional?
Los tribunales inferiores han rechazado la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional o probablemente inconstitucional. Esto ocurrió incluso después de que la Corte Suprema limitara el alcance nacional de los mandatos judiciales. El tribunal no se pronunció entonces sobre la legalidad de la orden en sí.
Todas las cortes que revisaron el caso han concluido que la medida de Trump viola o podría violar la Decimocuarta Enmienda, cuyo propósito fue garantizar la ciudadanía de personas negras, incluidos los antiguos esclavos. La ciudadanía por nacimiento, establecida desde hace décadas, también se ha aplicado a hijos de madres sin estatus legal.
El caso que ahora estudia el Supremo procede de New Hampshire. En julio, un juez federal bloqueó la orden dentro de una demanda colectiva que representa a todos los menores afectados. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) encabeza el equipo legal.
“Ningún presidente puede cambiar la promesa fundamental de ciudadanía de la 14ª Enmienda”, afirmó Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU. Añadió que espera que el Supremo “resuelva este asunto de una vez por todas” durante este periodo.
Otro fallo
El gobierno también pidió revisar otro fallo del Noveno Circuito de Estados Unidos. En julio, ese tribunal determinó que un grupo de estados demócratas necesitaba una orden judicial nacional para evitar que la política se aplicara de forma desigual. El Supremo aún no ha tomado una decisión sobre ese caso.
La administración argumenta que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por eso, no califican para la ciudadanía.
John Sauer, abogado principal del gobierno ante el Supremo, sostuvo que la Cláusula de Ciudadanía se diseñó para proteger a los esclavos liberados, “no… a los hijos de extranjeros que se encuentran ilegal o temporalmente en los Estados Unidos”.
Veinticuatro estados gobernados por republicanos y 27 legisladores del mismo partido, entre ellos los senadores Ted Cruz y Lindsey Graham, respaldan la postura de la administración.
