Redacción. La crisis política en Honduras volvió a encenderse a pocos días de las elecciones generales. Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda pidieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocar una sesión extraordinaria para el próximo martes. Los cinco gobiernos quieren revisar el momento crítico que atraviesa el país y responder a lo que consideran un deterioro acelerado de la estabilidad institucional, informó Infobae.
La solicitud surgió tras la advertencia pública de la OEA sobre “crecientes riesgos” que amenazan la autonomía de las instituciones responsables de organizar los comicios del 30 de noviembre.
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Países requieren reacción inmediata del Consejo Permanente
Los países firmantes señalaron que los mensajes de alerta de la Secretaría General y de la Misión de Observación en Honduras requieren una reacción inmediata del Consejo Permanente. La misión detectó atrasos en el calendario electoral y un ambiente que, según sus reportes, compromete la independencia de los organismos encargados de regular la votación. En un sistema ya frágil, cualquier presión política o judicial se convierte en un detonante de inestabilidad.
El foco internacional se centró en el fiscal general, Johel Zelaya. Él solicitó un antejuicio contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y contra una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Fiscalía la acusa de conspirar contra el proceso. La acción ocurre mientras opositores cuestionan la imparcialidad del Ministerio Público y lo vinculan con el oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que incrementa las sospechas de interferencia en instituciones que deberían mantenerse neutrales.
Escalan diferencias entre CNE y TJE
Las diferencias internas entre el CNE y el TJE también escalaron. Ambos entes son claves para el conteo de votos, la certificación de resultados y la resolución de disputas. Los choques entre magistrados y consejeros, con acusaciones mutuas de sesgo y presiones indebidas, complican aún más la recta final del proceso. Aunque las pugnas forman parte de la vida política hondureña, esta vez ocurren en un contexto electoral marcado por la incertidumbre.
La desconfianza pública viene de años atrás. Las elecciones de 2017, cuestionadas por observadores internacionales tras un apagón informático y múltiples irregularidades, dejaron una herida que no ha cerrado. Las reformas posteriores crearon nuevas instituciones para reforzar la independencia del sistema, pero la crisis actual vuelve a poner en duda su efectividad.
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La Misión de Observación de la OEA ya había alertado sobre el riesgo de llevar estas disputas a los tribunales. Judicializar los conflictos internos según la organización puede trabar la operatividad de los entes electorales en el momento más crítico.
Mientras el calendario avanza, los retrasos en logística, capacitación y distribución de materiales generan la misma preocupación que las tensiones políticas. A esto se suma la postura de la Fiscalía, que incluso ha amenazado con cárcel a los funcionarios señalados, una medida poco habitual en procesos electorales consolidados.
Objetivo de la reunión
En su petición, los cinco países reafirmaron su compromiso con la defensa del orden democrático y señalaron que su objetivo es asegurar que la ciudadanía hondureña pueda votar en libertad y en la fecha prevista.
También solicitaron que el CNE y el TJE presenten informes formales ante la OEA para asegurar transparencia en este momento tenso. El llamado diplomático también exhorta al Gobierno hondureño a actuar “escrupulosa y fielmente” dentro del marco constitucional.
Con el reloj electoral en cuenta regresiva, la mirada internacional está puesta en Tegucigalpa. Honduras se aproxima a una elección que podría definir no solo un nuevo gobierno, sino la supervivencia de un sistema electoral que lleva años al borde del colapso.
