Redacción. El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley que puso fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país, tras 43 días de paralización. La medida entró en vigor después de la firma del presidente Donald Trump, según informó la Agencia EFE.
El paquete legislativo restablece la financiación de las agencias federales e incluye extensiones temporales de gasto. También incorpora una polémica cláusula que autoriza a los senadores a demandar al Departamento de Justicia por haber obtenido registros telefónicos relacionados con el asalto al Capitolio de 2021.
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Con el respaldo de Trump, los republicanos lograron aprobar un acuerdo que permitió reanudar el transporte aéreo y los programas de asistencia alimentaria. La medida también ordena el regreso de los empleados públicos a sus puestos, aunque no contempla la ampliación de los subsidios de salud, uno de los principales reclamos de los demócratas que prolongó el conflicto legislativo durante semanas.
Financiación temporal
El texto aprobado extiende los fondos de la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero de 2026, lo que brinda un alivio temporal después de semanas de parálisis.
Durante el cierre, la administración de Trump ordenó amplios recortes de personal. Más de 4,000 empleados federales, incluidos cientos del sector salud, fueron despedidos o recibieron avisos de terminación. La nueva ley revierte esas medidas.
Según datos oficiales, desde el 1 de octubre fueron despedidos 4,108 empleados debido a la reducción de los presupuestos federales.
Los departamentos de Defensa y de Asuntos de Veteranos contarán con financiamiento hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que garantiza su funcionamiento durante todo el año fiscal.
El acuerdo incluye más de 133,000 millones de dólares en gastos discrecionales para los Veteranos. Además de fondos destinados a construcción militar y mantenimiento de instalaciones.
De acuerdo con la comisión de asignaciones del Senado, esas partidas «permitirán planificar infraestructura y servicios médicos con mayor certidumbre».
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La extensión busca evitar nuevas interrupciones en las operaciones del Gobierno mientras se negocia un presupuesto más amplio que refleje las prioridades tanto republicanas como demócratas, en medio de un año electoral que podría alterar el equilibrio político en el Congreso.
Asignaciones completas
El acuerdo también financia durante un año los departamentos de Agricultura, Desarrollo Rural, Asuntos de Veteranos y Construcción Militar. Con ello, se podrán planificar proyectos de nutrición e infraestructura sin nuevos bloqueos legislativos.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó estas partidas como «fundamentales» para mantener activos los programas esenciales paralizados durante el cierre.
Polémica por registros telefónicos
La ley incluye una disposición que permite a los senadores demandar al Departamento de Justicia si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin previo aviso durante la investigación del asalto al Capitolio.
El texto autoriza compensaciones de hasta medio millón de dólares, una medida que generó divisiones tanto entre republicanos como en la Cámara de Representantes.
La cláusula fue añadida en la fase final de las negociaciones sin consulta previa a varios legisladores, lo que provocó malestar en el Congreso.
Un cierre con alto costo
De acuerdo con el Departamento de Transporte, la falta de controladores aéreos y supervisores obligó a reducir el tráfico aéreo hasta en un 6 % en 40 aeropuertos. Las cancelaciones se contaron por miles, y las pérdidas alcanzaron los 580 millones de dólares diarios.
El impacto social también fue severo. Unos 42 millones de estadounidenses dejaron de recibir los cupones alimentarios, y varias organizaciones civiles demandaron al Gobierno por los daños a familias vulnerables.
Reacciones políticas
Trump celebró la reapertura como una victoria frente a «una extorsión demócrata». El mandatario destacó que consiguió los fondos sin hacer concesiones sobre seguridad sanitaria, y reiteró que el Obamacare será eliminado después de diciembre.
El cierre, sin embargo, pasó factura a los republicanos, que sufrieron derrotas en recientes elecciones locales, incluida la contienda por la Gobernación de Virginia, donde miles de empleados federales afectados residen y votan.
Al firmar la ley, Trump instó a sus aliados en el Senado a eliminar «la obstrucción parlamentaria» para evitar futuras parálisis gubernamentales.
