Estados Unidos. Cientos de vendedores ambulantes y organizaciones que defienden sus derechos el miércoles celebraron la aprobación de la iniciativa SB 635. Conocida como Acta de Protección, una medida que busca garantizar su seguridad y privacidad, en el estado de California, según detalló Telemundo Los Ángeles.
La nueva ley impide que las agencias federales de inmigración accedan a la información personal de los comerciantes, incluidos datos sensibles como las huellas dactilares.
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Una medida que brinda alivio a miles de familias
La senadora María Elena Durazo, promotora principal de la iniciativa, destacó durante una conferencia de prensa que esta ley protege a una comunidad que forma parte esencial del tejido económico y cultural del estado.
“Con esta administración de Trump, nunca sabemos qué es lo que va a hacer. Estamos previendo, estamos tomando pasos para prevenir que él pudiera tomar esa información y usarla con sus redadas que está haciendo en la comunidad”, señaló Durazo.
La legisladora explicó que la norma ofrece un marco legal que da certeza a miles de vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. En su mayoría familias inmigrantes que dependen de sus negocios para subsistir.
Sin antecedentes ni huellas para permisos
De acuerdo con Sophia Wrench, abogada de Public Counsel, la nueva ley también limita los requisitos que pueden imponer las autoridades locales.
“Ciudades y condados que están a cargo de los permisos no pueden requerir verificación de antecedentes penales ni huellas dactilares para aplicar por un permiso”, indicó.
Un paso hacia la confianza
Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron la aprobación de la SB 635, al considerar que garantiza que los gobiernos locales y estatales no colaboren con las autoridades federales de inmigración en la recolección de datos personales.
“Estoy feliz porque es un logro más que nos permite estar con menos miedo”, expresó Mayra Hernández, vendedora ambulante.
Con la entrada en vigor de la Acta de Protección, miles de comerciantes informales podrán seguir trabajando sin temor a ser rastreados por su estatus migratorio. Un avance que los defensores consideran histórico para la comunidad trabajadora de California.
