Redacción. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dio luz verde una estrategia legal para despojar de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido delitos, incluso civiles, facilitando procesos de desnaturalización sin garantizar representación legal a los acusados.
La medida, formalizada en un memorando del Departamento de Justicia con fecha del 11 de junio, amplía el uso de procedimientos civiles para revocar la ciudadanía en ciertos casos, marcando un cambio significativo en la política migratoria.
El documento instruye a los abogados del gobierno federal a iniciar acciones civiles contra aquellos que hayan obtenido su naturalización “ilegalmente” o mediante “ocultación de hechos materiales o tergiversación deliberada”.
A diferencia de los juicios penales, los procedimientos civiles no otorgan el derecho a un abogado designado por el Estado y el estándar de prueba exigido al gobierno es considerablemente menor.
La medida, según el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, será una de las cinco prioridades de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Se enfocará en personas involucradas en crímenes de guerra, violaciones graves de derechos humanos o delitos que representen una amenaza a la seguridad nacional.
También incluye casos de fraude migratorio, financiero, o contra programas públicos como Medicare y Medicaid.
De igual interés: EEUU actualiza TPS para venezolanos: quiénes mantienen la protección y hasta cuándo
Antecedente
Ya se han tomado acciones bajo esta nueva directiva. Según informó un medio internacional, el 13 de junio un juez federal ordenó la desnaturalización de Elliott Duke, un inmigrante británico y exmilitar. Lo condenaron por distribución de material de abuso infantil, delito que habría cometido antes de obtener su ciudadanía.
Expertos legales han manifestado preocupación por las implicaciones de este enfoque. Sameera Hafiz, del Centro de Recursos Legales para la Inmigración, advirtió que esta política podría instaurar una “segunda clase” de ciudadanos. Esto ocurriría al privar a los naturalizados de garantías fundamentales, como el derecho a defensa legal.
Aunque la desnaturalización no es nueva —fue utilizada durante la era McCarthy, y más moderadamente bajo administraciones como la de Obama—, esta nueva política podría incrementar su frecuencia.
A pesar de ello, históricamente los casos han sido mínimos en proporción: menos del 0.5% de los naturalizados anualmente enfrentaron estos procesos durante el primer mandato de Trump, frente a un promedio de entre 700,000 y 800,000 nuevas ciudadanías por año.
