Redacción. Las autoridades judiciales de Virginia Beach condenaron a La’Shaun Quintae Holloway, de 27 años, por el asesinato de su hija de tan solo dos meses. El fiscal de la Commonwealth detalló a los medios la sentencia, de 30 años de prisión, por los hechos ocurridos hace siete años, el 20 de diciembre de 2019.
Según narran medios internacionales, el hecho se debió a una riña por la consola Xbox. Los familiares alertaron a las autoridades después de escuchar a Holloway “gritar obscenidades a la niña a través de unos auriculares conectados a la Xbox”. Tras los gritos y el llanto, los familiares notaron que la bebé dejó de llorar y permanecía en silencio.
De inmediato acudieron a la habitación y la encontraron inconsciente. La menor fue trasladada rápidamente a un hospital, donde permaneció varios días con soporte vital hasta fallecer a causa de las graves lesiones.
El informe forense reveló que la pequeña presentaba 26 fracturas de costillas en diferentes fases de curación, además de fractura de clavícula, fractura de cráneo, hematomas alrededor de los ojos y la caja torácica, y una hemorragia cerebral extensa.
Los profesionales médicos determinaron que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico abusivo.
Una sentencia superior al máximo estatal
Los investigadores revelaron que Holloway ya había resultado condenado anteriormente en Chesapeake por abuso y negligencia infantil. Al intentar localizarlo por la policía, trató de huir, lo que sumó un delito grave por eludir a las autoridades.
En total, el juez impuso una pena de 50 años de prisión, con 20 suspendidos, dejando un total de 30 años de privación de libertad. La sentencia supera el límite máximo recomendado en las pautas estatales, que era de 23 años y 8 meses.
“Al argumentar a favor de esta sentencia tan alta, la Commonwealth hizo referencia a las graves lesiones, la edad del bebé y la brutalidad del asesinato”, expuso en un comunicado la Ciudad de Virginia Beach, factores que motivaron una sentencia tan severa.
Los detalles forenses y las pruebas tecnológicas fueron fundamentales para determinar la culpabilidad en este proceso que ha vuelto a abrir el debate en Estados Unidos sobre la protección de los menores en el entorno familiar, así como la vigilancia frente a episodios de violencia doméstica.
