Redacción. Estados Unidos enfrenta su cuarto día de cierre parcial del Gobierno federal sin señales de una pronta resolución entre demócratas y republicanos.
En medio del estancamiento legislativo, varios miembros del Congreso han anunciado que renunciarán temporalmente a sus salarios como gesto de solidaridad con los cientos de miles de trabajadores federales afectados por la paralización.
Desde el 1 de octubre, una amplia cantidad de empleados públicos han sido suspendidos de sus labores, mientras otros continúan trabajando sin percibir sueldo, debido al fracaso del Senado en aprobar una ley de financiamiento antes del inicio del nuevo año fiscal.
Esta situación representa la primera paralización federal en siete años y ha revivido tensiones políticas en el Congreso.
Pese a que servicios esenciales como el control aéreo, la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) siguen operando, la crisis ha generado preocupación por su impacto humano y económico.
Ante este panorama, un grupo de legisladores, tanto republicanos como demócratas, han decidido prescindir de sus remuneraciones mientras persista el cierre.
Algunos han optado por donar sus ingresos a organizaciones humanitarias. Por su parte, otros solicitaron que sus sueldos sean retenidos hasta que se restablezca el funcionamiento del gobierno.
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Iniciativa
Entre quienes han tomado esta decisión se encuentran los republicanos Ashley Moody (senadora), y los representantes Mariannette Miller-Meeks, Mike Lawler y John James. Del lado demócrata, han anunciado medidas similares el senador Andy Kim y los representantes Josh Gottheimer, Nellie Pou y Mikie Sherrill, entre otros.
«Si un cierre obliga a los militares y veteranos a no recibir su salario, los miembros del Congreso no deberían cobrar», expresó Miller-Meeks en un comunicado difundido este viernes.
Según cifras oficiales, los legisladores del Congreso estadounidense perciben un salario base de 174,000 dólares anuales, aunque esta cifra es mayor para quienes ocupan cargos de liderazgo.
El estancamiento presupuestario se ha convertido en un nuevo campo de batalla político. Los republicanos acusan a los demócratas de promover deliberadamente el cierre para forzar mayores partidas presupuestarias en áreas como salud pública. Ellos alegan que estas medidas beneficiarían a «inmigrantes ilegales», un argumento que ha sido rechazado de plano por la oposición.
Reducción
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha utilizado el conflicto para reforzar su agenda de reducción del tamaño del Gobierno.
En declaraciones recientes, advirtió que despedirá a empleados federales «no esenciales» si la parálisis se prolonga, lo que muchos interpretan como una maniobra para consolidar aún más el control del Ejecutivo sobre la burocracia federal.
La próxima sesión clave será el lunes por la tarde, cuando el Senado retome sus actividades tras el receso del fin de semana. En dicha jornada se espera una votación crucial sobre las distintas propuestas presupuestarias presentadas por ambas bancadas. Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo inmediato siguen siendo inciertas.
Mientras tanto, el país permanece a la espera de una solución que ponga fin a una crisis que ya ha comenzado a tener repercusiones tanto en la vida cotidiana de millones de estadounidenses como en la imagen internacional del gobierno federal.
