Es el sarcasmo que denota la actitud de ignorar o de no escuchar el sermón que llama al arrepentimiento o a la rectificación. Por ejemplo, ante la insistencia sobre la necesidad de la reforma electoral para darle actualización democrática y transparencia al sistema político-electoral de Honduras.
El vicepresidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas (N), no podía ser más explícito: “Veo muy difícil que aprobemos reformas electorales en esta legislatura”.
Ha indicado además, en línea con esta previsión, que “la Ley Electoral es la única ley secundaria que requiere de dos terceras partes (del voto legislativo) para su reforma, y, en ese sentido, es casi imposible que en el congreso nos pongamos de acuerdo 86 diputados sobre reformas específicas”.
Precisamente, una de las “reformas” hechas en el régimen actual, durante la administración Lobo Sosa (N, 2010-2014), fue pasar de mayoría absoluta (mitad+1) a mayoría calificada (2/3 partes de la votación) e implantar esa singularización para reformar la legislación electoral. Otra de las ruedas dentadas del control totalitario.
No deja de ser interesante, sin embargo, que este pronunciamiento del Partido Nacional (PN), hecho poder, se haga en la víspera de la visita exploratoria en materia electoral de una misión de la Unión Europea (UE), que, después de todo, vendría a ser, con sus recomendaciones previamente planteadas, “cataplasma en canilla de palo”.
Decimos que lo expresado por el diputado vicepresidente del congreso nacional y vicepresidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales tiene calidad de pronunciamiento del PN porque, en la práctica y de acuerdo con el proyecto continuista, ése es su verdadero significado.
“El proyecto de la segunda vuelta (balotaje) fue retirado por el diputado Yuri Sabas y el pleno ya se pronunció en contra de la integración de todos los partidos en el Tribunal Supremo Electoral, y, por tanto, este tema ésta descartado” (Rivera Callejas). Dos puntos clave de la reforma electoral, vinculados a la actualización democrática inclusiva, condenados por interferir el proyecto continuista.
Un proyecto, conviene explicarlo, que se refiere a la proyección del sistema sin modificación alguna, y, naturalmente, a la consolidación del régimen totalitario, con todo y su aparato policial-militar, que va más allá de la incidencia puntual de la reelección presidencial en el partido “hecho poder”. La fórmula “hecho poder” significa, en términos políticos factuales, un régimen fundamentalmente de partido único que se ha adueñado del Estado. Y eso es lo que representa el PN, tal como lo confirma el planteamiento del vicepresidente del congreso nacional.
Los partidos políticos del abanico multipartidista pergeñado en el escenario político hondureño deben entenderlo así, sin más, para que no se pierdan en el camino hacia el proceso electoral. El abuso de poder es la norma de este panorama. De allí la necesidad de estructurar una estrategia efectiva para restaurar o recrear la institucionalidad política y la integridad constitucional.
