Redacción. Educadores en distintas partes del país reportan que las redadas y la mayor actividad de ICE han provocado ausentismo, ansiedad entre los estudiantes y nuevos retos para los administradores escolares.
Ante este escenario, muchos estados y distritos han creado o actualizado políticas de “zonas seguras” basadas en la decisión del Tribunal Supremo de 1982 en el caso Plyler v. Doe, que garantiza la educación pública a todos los niños sin importar su estatus migratorio.
Medidas en distintos distritos
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha anunciado un plan sin precedentes para este regreso a clases: despliegue de policías escolares, agentes municipales y voluntarios comunitarios alrededor de 100 campus en zonas con alta población latina, rutas de autobuses modificadas para reducir riesgos y un fondo de apoyo para familias en caso de detenciones. En otras ciudades también se han tomado acciones.
Las Escuelas Públicas de Denver instruyeron a sus directores a negar el ingreso a funcionarios sin cita ni motivos escolares.
En San Diego, el distrito prohibió explícitamente la entrada del ICE sin orden judicial. En Filadelfia se instruyó al personal a no entregar información ni permitir acceso a agentes sin la autorización legal correspondiente.
Derechos que protegen a los estudiantes inmigrantes
Por otro lado, según leyes federales y estatales:
- Las escuelas deben admitir a todos los alumnos sin importar estatus migratorio.
- Está prohibido solicitar o exigir información legal a familias.
- La FERPA impide compartir expedientes escolares con ICE sin orden judicial.
- Ningún niño necesita número de Seguridad Social para matrícula o beneficios como comidas gratuitas.
Más allá del aula: impacto social
Además, negar el acceso a la educación a estudiantes inmigrantes tendría efectos graves:
- Crea una clase marginada con menos oportunidades de progreso.
- Fomenta la discriminación y la xenofobia.
- Limita la movilidad social y económica de comunidades enteras.
En contraste, invertir en la educación de todos los niños aporta beneficios a largo plazo. Por ejemplo, por cada dólar destinado a la enseñanza, la sociedad recupera hasta nueve en productividad laboral y compromiso cívico.
