AFP. El gobierno de Nicaragua anunció este jueves su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en rechazo al informe de expertos del organismo que lo acusa de represión y de acabar con el Estado de derecho en el país centroamericano.
«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», dijo en medios oficialistas Rosario Murillo. Ella funge como copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega.
El informe anual del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que el gobierno «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban». Así mismo, creó un «poder ejecutivo con dominio absoluto» y una «maquinaria de represión» con la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero.
Le puede interesar – Nicaragua compra 20 veces más de China de lo que le vende
Según el reporte, «el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran» a un ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población.
Gobierno
Ortega es un exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista. Está en el poder desde 2007. Sin embargo, sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
Además, Murillo y Ortega aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018. Ellos consideraron que se trataba de un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. De acuerdo con su versión, el Grupo de la ONU participó en el ejército, la policía y paramilitares. La situación generó más de 300 muertos.
«El autodenonimado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad», agregó, en referencia a los manifestantes y a los miles de exiliados tras las protestas.
«Para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia. No los reconocemos. No nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos», aseguró Murillo.
