Redacción. Este jueves, el Parlamento de Nicaragua aprobó una controvertida ley que permitirá al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidar aún más su control sobre sectores clave del país.
En un proceso acelerado y sin críticas ni modificaciones, los 91 legisladores aprobaron por unanimidad la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero.
Esta ley establece un “régimen regulatorio para la gestión del sistema monetario y financiero” en Nicaragua.
El objetivo principal de la iniciativa es unificar las normativas que regulan al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos. Su implementación garantizará un funcionamiento administrativo, financiero y presupuestario para cumplir con esta y otras leyes relacionadas, según el documento.
La ley también crea un único órgano de dirección, el Consejo Directivo Monetario y Financiero, que supervisará tanto al Banco Central como a la Superintendencia.
Según el artículo 24, las oficinas y dependencias del sector público estarán obligadas a proporcionar toda la información requerida por estas entidades “con fines estadísticos y en el desempeño de sus funciones”.
Finalmente, la Ley establece que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, residente o domiciliada en Nicaragua, tanto nacional como extranjera, deberá proporcionar al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos, o a las entidades designadas por ellos, la información económica, financiera, estadística y regulatoria solicitada, cumpliendo con los formatos y plazos indicados.
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Rechazo
La propuesta generó rechazo entre numerosos nicaragüenses en el exilio, quienes señalaron que, debido a la naturaleza de sus disposiciones y la rapidez de su aprobación tras ser presentada el 23 de diciembre, representa otra maniobra del régimen sandinista para ampliar su control sobre instituciones clave del país.
Una de las principales preocupaciones expresadas por los disidentes es el acceso irrestricto a la información financiera que obtendrá el régimen de Ortega-Murillo una vez que la ley entre en vigor. Esto podría derivar en mayores amenazas o represalias contra ciertos individuos.
“El régimen de Daniel Ortega tendrá acceso total a los datos bancarios de cualquier persona en Nicaragua, permitiéndole aumentar su control sobre la banca privada y sus actores”, señaló el portal Despacho 505.
Por su parte, el medio 100% Noticias advirtió que la medida “eliminará” el secreto bancario que protege esta información, pese a que prometen salvaguardarlo.
Esta normativa se suma a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 22 de noviembre.
Otras subordinaciones
A instancias de Ortega, busca consolidar aún más su poder. Entre los cambios destacados se encuentran la subordinación de todos los poderes y organismos al régimen y un mayor control sobre los medios de comunicación.
Además, la creación de los cargos de copresidente y copresidenta, y la ampliación del período presidencial a seis años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió semanas atrás que estas reformas “fortalecen un aparato represivo que pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación”.
Además, señaló que estas medidas consolidan un clima de militarización y control social, permitiendo al Ejército actuar bajo términos ambiguos. Entre ellos, la ‘estabilidad de la República’, para reprimir a la oposición.
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