Managua, Nicaragua. La nación de Nicaragua está sumergida en una crisis política alarmante, y las acusaciones por las violaciones de derechos humanos son muchas. Las protestas llevan 42 días y los muertos ascienden a 83.
Según Amnistía Internacional (AI), todo apunta a que dichas violaciones, y las más graves, se han producido con el conocimiento del presidente Daniel Ortega.
Por lo que Amnistía Internacional presentó este martes en Managua los resultados de una investigación que concluye que un elevado número de las muertes de manifestantes registradas en los primeros días de las protestas fueron intencionales.
Por lo que se responsabiliza por las mismas a grupos parapoliciales, a la Policía Nacional y a las fuerzas antimotines, lo que las elevaría a la categoría de «ejecuciones extrajudiciales»: una grave violación de los derechos humanos «que es también un crimen de derecho internacional», expresó Amnistía.
En el reporte se lee: «Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua».
En ese sentido, Amnistía Internacional elevó hoy a 83 el número de muertos en Nicaragua.
Esta cifra incluye al civil y al agente policial que murieron ayer en los alrededores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde hubo fuertes enfrentamientos.
Fuerte presencia policial en ciudades de Nicaragua tras jornada violenta
Una fuerte presencia policial se mantiene hoy en diferentes ciudades del Pacífico de Nicaragua, tras una jornada violenta entre la noche de ayer lunes el amanecer de este martes.
Ciudades como Managua, Masaya, León y Chinandega se mantienen bajo un resguardo inusual, incluso para el momento de crisis que atraviesa Nicaragua, y que ha cobrado al menos 83 vidas, la mayoría jóvenes «autoconvocados» para protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Una caravana de vehículos institucionales y civiles cargados de agentes antimotines y de brigadas especiales de la Policía Nacional se desplazaron en varios puntos de Managua, fuertemente armados.
La misma escena pudo observarse en Masaya, a 29 kilómetros al sureste de Managua, así como en León y Chinandega, en la zona noroeste de Nicaragua, según denunció la población.
