Redacción. El exalcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, y otros siete exfuncionarios hondureños se defenderán en libertad por varios delitos que se les acusan, entre ellos lavado de activos y malversación de caudales públicos.
Este lunes se llevó a cabo en el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción la audiencia de declaración de imputado que involucra a ocho exfuncionarios, incluido Asfura. Durante la sesión, el juez fijó para el 4 de noviembre la audiencia inicial.
Nasry Asfura, señalado por un supuesto desfalco de 28 millones de lempiras durante su gestión en la alcaldía capitalina, se presentó ante la justicia acompañado por un nutrido grupo de simpatizantes, exfuncionarios y líderes de su partido.
La audiencia se centró en la presentación de pruebas y argumentos iniciales por parte del Ministerio Público, que acusa a Asfura y a su equipo de malversar fondos municipales durante su mandato (2014-2022).
El abogado defensor de Asfura, Dagoberto Aspra, se mostró previamente optimista respecto al resultado del proceso, recordando que ya se había solicitado que se apliquen medidas distintas a la prisión preventiva. Y explicó: «El señor fiscal ha valorado correctamente que no existe riesgo de fuga y en el mismo requerimiento fiscal se expone que se apliquen medidas distintas a la prisión preventiva».
Presentarán recurso de apelación
Antes del inicio de la audiencia, Aspra presentó un escrito solicitando que el caso fuera trasladado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que lo conociera un juez natural. Esto se debe a la implicación de Nilvia Ethel Cruz, diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y una de las acusadas.
Según la defensa, al tratarse de una funcionaria de alto rango, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada no tendría competencia para conocer el caso. Pero el juez determinó continuar con la audiencia.
«El juez declaró sin lugar la petición, algo que considero muy bajo», expresó el togado, anticipando que llevaron a cabo la audiencia en calidad de protesta y presentarán un recurso de apelación.
Los otros acusados son:
- Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela
- Nilvia Ethel Castillo Cruz
- Mario Roberto Zeron Suazo
- Rony López Córdova
- Wilmer Gerardo Rodríguez López
- Roger Ariel Amador Ramírez
- Óscar Rolando Uriarte Romero
Llegada del candidato presidencial a los juzgados
A las 8:00 a. m., Nasry Asfura ingresó al juzgado rodeado de simpatizantes que lo apoyaron. Posteriormente, los otros siete acusados también comparecieron ante el juzgado.
Durante su llegada reiteró su confianza en el proceso judicial y expresó su tranquilidad ante las acusaciones en su contra. «Aquí estamos de frente. Me siento bien, dormí cinco horas, no tengo temor. Si no debo, no la temo», afirmó el exalcalde, quien ha sostenido en diversas ocasiones su inocencia frente a los cargos.
Entre los líderes que acompañaron a Asfura se encontraba Tomás Zambrano, jefe de bancada del partido, quien señaló que la acusación forma parte de una estrategia para inhabilitar al político hondureño de una posible candidatura presidencial, comparando la situación con los casos de persecución política en Venezuela y Nicaragua.
«No podemos descartar una posible inhabilitación. Esto es persecución política. Este juicio no es legal, es político», aseguró.
Acusaciones
El Ministerio Público -a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO)- presentó el 10 de octubre un requerimiento fiscal en contra de Asfura y otros siete exfuncionarios, acusándolos de cinco delitos: lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
El requerimiento detalla que el precandidato presidencial y su grupo cercano de colaboradores estarían involucrados en un desvío de fondos municipales por un monto superior a los 28 millones de lempiras (L28,559,062.20). Entre 2017 y 2018 se emitieron 32 cheques a nombre de Asfura y varios de sus colaboradores, que posteriormente se depositaron en cuentas personales.
De los 32 cheques, la mayoría, apuntan las investigaciones, tenían montos de 550 mil lempiras, mientras que otros superaron el millón de lempiras. Asimismo, hubo uno, cobrado el 22 de diciembre del 2012, con un monto de 4,899,975 lempiras.
Estos cheques fueron solicitados bajo la justificación de «fondos rotatorios», «fondos especiales» y «reembolsos de gastos». Se presume que el dinero, en cambio, lo utilizaron para fines personales. Incluida la financiación de campañas políticas, pagos de tarjetas de crédito del exalcalde y adquisiciones de bienes, como joyas.
