Redacción. La justicia de El Salvador condenó a 248 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Los jueces impusieron penas severas que, en los casos más extremos, alcanzan los 1,335 años de cárcel. Este fallo judicial castiga una estructura criminal que sembró el terror en el departamento de La Libertad entre los años 2014 y 2022.
La Fiscalía General de la República presentó pruebas irrefutables que vinculan a los ahora condenados con una serie de delitos graves. El expediente judicial detalla la responsabilidad de estos sujetos en 43 homicidios agravados y 42 desapariciones de personas. Asimismo, el tribunal los halló culpables de tres feminicidios agravados, 86 casos de extorsión y 29 conspiraciones para asesinar.
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Dentro de este proceso destacan casos que conmocionaron a la sociedad salvadoreña, como el asesinato de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo en 2021. También figura el feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados y los crímenes contra un estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) y un alumno de un instituto nacional.
Estructura
Los sentenciados pertenecían principalmente a la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS). Sin embargo, la operación también desarticuló a facciones como los Ayagualos Locos, Areneras Locos, City Vagos y Cangrejeras Locos Salvatruchos. Estos grupos establecieron bases operativas en distintos sectores de La Libertad para planificar sus ataques.
Las investigaciones demostraron que los pandilleros utilizaban la extorsión sistemática contra comerciantes locales para financiar sus actividades. La violencia y las amenazas de muerte obligaron a muchos dueños de negocios a cerrar sus puertas permanentemente. Además, la estructura criminal se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y a la ocupación ilegal de viviendas, extendiendo su control territorial mediante la intimidación.
Impacto
Esta masiva condena ocurre bajo el régimen de excepción, una medida que el gobierno salvadoreño mantiene vigente desde marzo de 2022. Esta estrategia de seguridad ha permitido la captura de más de 90,000 personas vinculadas a las maras. Aunque las autoridades han liberado a unas 8,000 personas tras comprobar su inocencia, el sistema judicial continúa procesando a miles de miembros de estas estructuras.
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Con este fallo, el sistema judicial salvadoreño busca cerrar un ciclo de impunidad en el departamento de La Libertad. Las condenas milenarias aseguran que los cabecillas y miembros operativos de estas clicas no vuelvan a representar una amenaza para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico de la región.
