Redacción. Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a 30 años de prisión —la pena máxima en Venezuela— tras ser acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”, luego de enviar un audio por WhatsApp en el que criticaba al régimen de Nicolás Maduro.
En el mensaje, que se viralizó en redes sociales, Orozco expresó textualmente:
“No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos. ¡Dios mío! Ya no hay comida, no hay medicinas, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha; por favor, que alguien haga algo”.
Tras conocerse el audio, autoridades capturaron a la mujer y trasladaron, el 6 de diciembre de 2024, al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira, donde deberá cumplir su condena, según la decisión de la jueza Luz Dary Moreno.
La condena ha generado el rechazo de organizaciones de derechos humanos, que exigen la liberación de Orozco. Médicos Unidos del Táchira solicitó “la mediación de organismos gremiales, profesionales, políticos y defensores de los derechos humanos regionales, nacionales e internacionales para la pronta libertad de la doctora Marggie Orozco”.
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El exparlamentario César Pérez Vivas calificó la decisión judicial como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”. Además, señaló que la denuncia se produjo “por un simple audio de WhatsApp sobre las elecciones del 28 de julio”.
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Según las organizaciones, Orozco padece depresión crónica tras la pérdida de dos hijos y ha sufrido dos infartos en los últimos dos años, el más reciente en septiembre de 2024, mientras ya se encontraba detenida. Una de sus hijas falleció en un intento de atraco y otro hijo en un accidente, según el informe de Justicia, Encuentro y Perdón.
“La situación de la doctora refleja el grave riesgo que enfrentan los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión en Venezuela”, señalaron defensores de los derechos humanos.
La condena de Marggie Orozco ha reavivado la preocupación sobre el clima de persecución y represión en Venezuela. En el país sudamericano, los ciudadanos pueden enfrentar sanciones extremas por expresar opiniones críticas al gobierno.
