Redacción. El 2023 estuvo marcado por múltiples capturas y requerimientos fiscales contra exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, lo que dejó en evidencia el arraigado sistema de corrupción que predominó durante su mandato de ocho años.
Entre los principales delitos por los que han sido acusados figuran la falsificación de documentos públicos, fraude en perjuicio de la administración pública, violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, lavado de activos, socialización para delinquir, entre otros.
Para indagar sobre todos estos casos de impacto, Diario TIEMPO contactó con un abogado penalista, quien decidió omitir su identidad. El togado aseguró que esas capturas y requerimientos destaparon «una caja de corrupción» bajo la que vivió el pueblo hondureño.
«Esto solo es un ejemplo del mal manejo de los gobiernos y la imagen tan reprobable en la que dejan a Honduras. Aquí no hay persecución política, aquí sólo se ha destapado una caja llena de corrupción y delitos. Ojo, la justicia debe ser para todos, imparcial, sin importar partido político», indicó.
La mayoría de las órdenes de captura efectuadas este año han sido judicializadas tras el cambio de gobierno y varias otras procedieron luego de que tomaron posesión los nuevos fiscales. Entre las líneas de investigación más emblemáticos destacan:
Caso Pandora 2
Las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) “confirmaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L.288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones «Todos Somos Honduras y Dibattista», desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA”, reza parte del informe del Ministerio Público.
Según la acusación de la UFERCO, “en todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos”.
Por otra parte, las investigaciones del Ministerio Público determinaron que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, “aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que los traspasaron a la fundación Todos Somos Honduras”.
Los implicados en este caso son:
- Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras
- Jorge Johny Handal Hawit, exgerente de BANADESA
- Lilian María Bográn, exgerente de La Secretaría de Finanzas (SEFIN)
- James Aldana Medina, exgerente administrativo de SEFIN
- Wilfredo Cerrato, ministro de la SEFIN
- Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras
Todos los exfuncionarios señalados se defenderán en libertad, a excepción Hernández, quien espera un juicio en una cárcel de Nueva York.
Caso Hospitales Móviles
Este 2023 se reabrió también el caso por la fraudulenta compra de los Hospitales móviles. El 19 de marzo de 2020 Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) firmó un contrato por la compra del primer hospital móvil, de los siete que se adquirieron para afrontar la pandemia del COVID-19. El costo total de los siete centros médicos fue de 1,174 millones de lempiras (cerca de 48 millones de dólares).
Por este caso el MP amplió las acusaciones y procedió contra la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, la exministra de Finanzas, Rocío Tábora y Roxana Rodríguez, exviceministra de finanzas.
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Ante las nuevas órdenes de captura contra de las exministras, el abogado y analista Raúl Pineda recordó que la justicia debe ser imparcial y objetiva. Además, aseguró que el «Poder Judicial es la cenicienta del gobierno y es por eso que la gente buena no quiere participar en cargos de nombramientos porque hoy está sentado y después en la cárcel”.
Los implicados que actualmente enfrentan cargos son:
- Alba Consuelo Flores, exministra de Salud. A ella se le acusa de delitos de fraude. Sigue prófuga de la justicia.
- Rocío Tabora, exministra de Finanzas. Ella enfrenta cargos por los delitos de fraude y actualmente se encuentra detenida.
- Marco Bográn, exdirector de Invest-H. Él cumple una condena de 10 años y 11 meses por fraude.
- Alex Moraes, exgerente administrativo de Invest-H. Él se encuentra inhabilitado por nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público.
Caso INFOP
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció en 2016 la supuesta sobrevaloración de equipos por parte de exfuncionarios del INFOP cuando el exdiputado nacionalista, David Chávez, era director.
Según la denuncia, las irregularidades se cometieron entre los años 2012 y 2013 (gestión de Chávez). El caso también está relacionado con la adjudicación de un contrato de suministros para el abastecimiento de tres laboratorios en el centro regional de Catacamas, Olancho.
Al reabrir el caso salieron a relucir nuevos nombres. Uno fue el de José Olivio Rodríguez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien además ostentó el cargo de secretario general del Infop entre 2010 y 2014. También se mencionó a Mario Calderón, exjefe de Personal del Congreso Nacional.
Pese a que David Chávez en su momento aseguró que su orden de captura se debe a una persecución política, expertos en la materia creen todo lo contrario.
Al respecto, el director de Justicia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, dijo que los fiscales deben demostrar «que se va a perseguir el gran delito, y demostrar que los delitos menores van a ser sometidos a salidas alternas y que van a permitir que toda la capacidad del MP se vuelque a esa delincuencia de cuello blanco y criminalidad organizada”.
Caso Fondo Departamental
Otro caso importante fue el del Fondo Departamental. La suma que presuntamente desviaron los implicados asciende a los más de 42 millones de lempiras (42,500,000), según la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Los fondos habrían sido saqueados de las arcas del Congreso Nacional a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Los recursos se gestionaban a través del Fondo Departamental, pero se trasladaban de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados, de acuerdo a las investigaciones.
Los imputados son:
- Sara Medina Galo
- Carlos Roberto Guevara
- José Sánchez
Los tres exdiputados acusados de fraude por el caso del Fondo Departamental, se defenderán en libertad de los cargos en su contra.
Proyecto habitacional
Otro de los exfuncionarios requeridos es Ebal Díaz, quien actualmente goza de nacionalidad nicaragüense. Él fue acusado de desviar cientos de millones de lempiras a través de proyectos del Instituto de la Propiedad (IP).
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el perjuicio de 69 millones de lempiras (unos 2,809,000 USD) en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota.
Ebal Díaz y Ricardo Cardona fueron señalados como los responsables de este proyecto que además fue utilizado como promesa de campaña del Partido Nacional antes de las elecciones del 2021 en las que Díaz era candidato a una diputación.
Caso «Barbie fiscal»
Sin duda, el fraude más sonado del 2023 se dio a finales del año, específicamente el 29 de noviembre. La abogada Francia Sofía Medina, exfiscal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Honduras (FESCCO), fue detenida por personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por la presunta sustracción irregular de 88 millones de dólares del Banco Central de Honduras (BCH).
Las investigaciones revelaron que Medina hizo una gran cantidad de retiros los realizó en los últimos dos años sin haberlo comunicado a las autoridades superiores del Ministerio Público.
Los delitos que se le imputan son lavados de activos, abuso de autoridad y sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia.
El 4 de diciembre libraron otra orden de captura por complicidad contra el novio Francia, German René Silva, quien también es fiscal. Además, se informó que hay 3 fiscales más involucrados.
Piden en extradición a Roberto Cosenza
Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, fue pedido en extradición recientemente. La noticia se dio a conocer el pasado 14 de diciembre.
A Consenza se le acusa de conspiración para cometer lavado de activos y participación de transacciones de bienes derivados de actividades criminales mientras ejercía su cargo en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
Se designó un juez natural para conocer esta nueva solicitud de extradición y determinar si procede o no.
Exfuncionarios extraditados
El Partido de la estrella solitaria se ve salpicado por un considerable número de extradiciones de varios exfuncionarios, acusados por distintos delitos como conspiración para traficar armas y droga. Entre ellos:
- Antonio «Tony» Hernández, capturado el 23 de noviembre de 2018.
- Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, capturado el 9 de marzo del 2022 y extraditado el 10 de mayo de ese mismo año
- Juan Orlando Hernández, capturado el 15 de febrero del 2022 y extraditado el 21 de abril de ese año.
- Arnaldo Urbina Soto, capturado el 27 de julio del 2014 y extraditado el 31 de enero de este año.
