Redacción. El gobierno de Estados Unidos inició una agresiva campaña para cobrar multas diarias de hasta $998 a inmigrantes con órdenes de deportación que permanecen en el país.
Aunque no se trata de una medida nueva, su aplicación masiva ha generado gran preocupación en la comunidad inmigrante.
La ley migratoria contempla desde hace años el cobro de multas a quienes tienen órdenes de remoción, pero su aplicación había sido esporádica. «El cobro de multas a personas con órdenes de remoción existe en la ley y siempre ha existido», aclara Armando Olmedo, consejero legal de inmigración de TelevisaUnivision.
La diferencia es que, desde mayo, el gobierno federal comenzó a enviar cartas de cobro a quienes no salieron del país tras recibir la orden de deportación.
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Sólo en la primera semana de la nueva aplicación, más de 4,500 personas recibieron notificaciones; muchas podrían enfrentarse a montos que superan el millón de dólares. Por ejemplo, si la multa se aplica de forma retroactiva por cinco años, una sola persona podría adeudar cerca de 1.8 millones.
¿Quiénes reciben multas?
Estas sanciones están dirigidas a personas indocumentadas con una orden de remoción vigente emitida por un tribunal migratorio, pero que nunca abandonaron el país norteamericano.
El gobierno advirtió que no pagar la multa podría derivar en acciones legales para embargar bienes. Casas, vehículos y cuentas bancarias estarían en riesgo. “Eso es lógico”, afirma Olmedo.
“En cualquier proceso legal, si no pagás una multa, el siguiente paso es el embargo. El gobierno ya manifestó su intención de hacerlo”, prosiguió.
¿Es posible apelar o negociar la multa?
La ley permite apelar la sanción, sobre todo si la persona asegura que desconocía la existencia de una orden de deportación. Esto suele ocurrir cuando alguien no se presenta a una audiencia porque nunca recibió la notificación adecuada o por desconocimiento del proceso.
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Sin embargo, el proceso de negociación plantea un dilema importante. «El problema es que, para negociar la multa, la persona debe presentarse ante ICE«, explica Olmedo. Aunque necesaria, podría activar o reactivar un proceso de deportación y generar una nueva orden de comparecencia.
La única forma de reducir el monto o apelar la sanción es mediante una negociación directa con ICE, lo que representa un riesgo legal considerable para el inmigrante.
Las personas que reciban una de las cartas deben consultar de inmediato con un abogado de inmigración. Él puede revisar su historial migratorio, confirmar la existencia de una orden de remoción y evaluar las opciones legales disponibles antes de tomar cualquier decisión.
