Redacción. La cifra de personas fallecidas bajo custodia de las autoridades de seguridad en El Salvador, detenidas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, ascendió a 427.
Así lo informó la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). «Lamentamos informar que la cifra de muertes en centros penales sube a 427», publicó la ONG en X, destacando que, según su información, la mayoría de las víctimas eran «personas procesadas y sin condena».
El SJH alertó que un alarmante 94 % de los fallecidos «no tenían perfil de pandilleros«. Además, expresó su preocupación de que el número real de muertes bajo custodia estatal «podría superar los 1,000».
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Reformas penales
En 2022, el Congreso aprobó el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, luego de que se registrara una escalada de homicidios. Desde entonces, ha sido ampliado en 40 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Una controvertida reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla, eliminando los procesos individuales.
Hasta la fecha, no se ha emitido ninguna sentencia bajo este procedimiento. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos denuncian que el proceso «vulnera y violenta el derecho al debido proceso».
Acusaciones de «control social»
Los datos oficiales indican que, en este contexto, suman más de 87,100 detenciones de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas. El propio Gobierno ha admitido que unas 8,000 de estas detenciones corresponderían a personas inocentes.
Las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias por atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.
Diversas organizaciones y analistas señalaron que el régimen se ha mantenido por más de tres años como «un mecanismo de control social y para perseguir a voces críticas del Ejecutivo de Bukele«, generando un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales en el país centroamericano.
